Dora Villanueva
En los últimos tres años, el Instituto Nacional de Migración (INM) pagó 693 millones de pesos a empresas privadas de seguridad por el resguardo de los inmuebles del organismo, entre ellos las estancias migratorias, señala información oficial.
De acuerdo con contratos públicos, en 2020 y 2021 se entregó a Servicios Especializados de Investigación y Custodia la responsabilidad de proporcionar el servicio en seguridad y vigilancia a inmuebles del INM, entre ellos, de acuerdo con los anexos del contrato, las oficinas y estaciones migratorias en Chihuahua.
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Los documentos públicos exhiben que en 2020 se pagó 178 millones 584 mil 80.5 pesos a dicha empresa por la subcontratación de servicios de seguridad. Sólo para Chihuahua, la empresa debía proporcionar 55 trabajadores para operar en 10 inmuebles del INM.
Para 2021, el contrato con Servicios Especializados de Investigación y Custodia alcanzó 180 millones de pesos, y el costo del servicio de 55 elementos en los 10 espacios físicos de migración en Chihuahua alcanzó 9 millones de pesos, de acuerdo con los detalles del convenio pactado.
El uso de seguridad privada en oficinas del gobierno se arrastra de pasadas administraciones, y la actual dejó en sus primeros años la promesa de eliminar los servicios de subcontratación.
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Todavía en 2018, el INM pagó 106 millones de pesos al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco (Cusaem), una estructura que recibió miles de millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto por diversas subcontrataciones de seguridad privada.
Para 2022, el principal contrato de seguridad privada que reportó el INM fue con Grupo de Seguridad Privada Camsa, la cual se hizo de la adjudicación directa que en los dos años previos se había llevado Servicios Especializados de Investigación y Custodia. No hay una versión pública del convenio, pero su costo fue de 165 millones de pesos.
En los informes de transparencia aún no es público qué empresa o empresas tienen el contrato para proporcionar los servicios de seguridad privada a las instalaciones del INM para la mayor parte de 2023.
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Y aunque no se ha alistado una denuncia de responsabilidad directa contra la firma luego del incendio de una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobierno federal se ha rehusado a dar el nombre de la firma, presuntamente de origen extranjero, pero ha asegurado que ésta no trabajará más en México.
La responsabilidad, hasta ahora, se dirige contra los empleados de la compañía, los mismos migrantes y algunos elementos del INM.
Edición: Emilio Gómez
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