Jessica Xantomila y Blanche Petrich
A principios de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenando que las instancias castrenses correspondientes den acceso total a los integrantes del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de toda la documentación que hasta la fecha no les ha sido entregada, particularmente el material de monitoreo y análisis generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, informaron esta mañana Ángela Buitrago y Carlos Beristain.
Los dos integrantes del GIEI, que todavía se mantienen activos en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años, sostuvieron que tienen pruebas de la existencia de este CRFI a pesar de que el general secretario Luis Cresencio Sandoval lo ha negado.
La importancia de este material es “clave y fundamental” no sólo para esclarecer este caso sino para localizar el paradero de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
El GIEI, que este viernes 31 concluyó una nueva etapa de su mandato que se amplía hasta julio de este año, hizo un balance de las actuaciones de las autoridades judiciales y del Ejecutivo en el caso Ayotzinapa de los últimos seis meses.
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Desde “la crisis de confianza” causada por la “indebida intromisión de la Fiscalía General de la República (FGR), que provocó la salida del anterior fiscal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), Omar Gómez Trejo, un periodo -dijeron- donde hubo algunos avances pero también obstrucciones, ocultamiento de información y manipulación por parte de diversas autoridades, o, como lo expresó el sicólogo vasco Carlos Beristain: “hay todavía un techo de cristal y agujeros negros”.
Entre los avances, destacaron que se ha consolidado el caso contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso desde agosto del año pasado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
En otros aspectos, los dos expertos indicaron que, si bien han tenido nuevos acceso a las prisiones y otros testigos de los hechos (protegidos o de otra índole), prevalece el clima de miedo que sigue inhibiendo la exposición franca de testimoniales importantes. “Iguala y Guerrero siguen siendo un espacio de miedo”.
También prevalece un clima de intimidación y presiones en los juzgados donde se procesa el caso, por parte de funcionarios que no identificaron, para que estos juzgadores se inhiban de llevar ciertas pruebas y evidencias al juicio, alegando razones de seguridad nacional.
“Aunque en casos de delitos graves como la desaparición forzada no puede haber reservas de ningún tipo”, puntualizaron.
Por otra parte también denunciaron que se han recrudecido las presiones y amenazas contra las familias de los jóvenes desaparecidos y “gente que ha tratado de generar divisiones”. El GIEI exigió que se investiguen esas presiones y que desde las autoridades de los tres niveles haya un respeto pleno a los procesos organizativos de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa.
“Porque si no es por ellos, el proceso de investigación no hubiera llegado hasta aquí”, remató Beristain,.
En conclusión, en el periodo de los tres meses por venir, el GIEI se comprometió a seguir buscando testigos y a seguir exigiendo al gobierno mexicano toda la información que hasta el momento les ha sido ocultada.
Recordaron que esta instancia bajo mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, es el único órgano de supervisión internacional sobre un caso de desaparición forzada en México. “Y lo que pase aquí, en Ayotzinapa, puede ser un indicador y un aporte significativo para el doloroso caso de las miles de desapariciones forzadas que hay en México”.
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