Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
La Cámara de Diputados discutía en los primeros minutos de este viernes tres cambios a la Ley de Ingresos 2024: aumentar de 0.15 por ciento a 0.5 por ciento –en lugar de 1.48, como estaba previsto en la iniciativa presidencial- la tasa de retención por intereses a los ahorros; reducir de 40 a 30 por ciento el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que paga Petróleos Mexicanos (Pemex) para que dedique más fondos al fortalecimiento de su infraestructura.
Esto representará una pérdida de ingresos de 25 mil 442.9 millones de pesos para el gobierno federal.
También, agregar un artículo 26 transitorio, para dejar exento del pago de impuestos las operaciones de transferencia de bienes entre las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los coordinadores parlamentarios acordaron los cambios pasadas las 22 horas, tras el lento avance que registraba la sesión. En 10 horas, tan solo habían pasado alrededor de 60 oradores, de una lista de 217, quienes se enfocaron en intercambiar insultos.
La propuesta de “suavizar” la tasa de retención por intereses a los ahorros surgió del grupo de diputados morenistas afines a Marcelo Ebrard, lo que evitó la fractura en el grupo en este debate.
Carol Antonio Altamirano presentó la reserva correspondiente al artículo 21 de la Ley de Ingresos, con el fin de evitar “un golpe a la economía de miles de ahorradores”.
Reconoció la apertura de la Secretaría de Hacienda, así como la intervención del coordinador de Morena Ignacio Mier, “para abrir el dialogo con el Ejecutivo. También, agradecemos el apoyo de los coordinadores del Partido del Trabajo y del Partido Verde”.
También destacó “el ánimo incluyente de todos los integrantes de nuestro movimiento al impulsar y apoyar una agenda para mejorar las finanzas públicas a favor de la gente. Privilegiamos la responsabilidad y el debate respetuoso, fijando postura al interior del movimiento, respaldando la iniciativa del Ejecutivo en lo general e impulsando mejoras en lo particular en beneficio de la sociedad”.
Mencionó que establecer una tasa de 0.5 por ciento, en lugar de la de 1.48 prevista en la iniciativa presidencial, significa que “por cada mil pesos de rendimiento ya no se cobrarán 14.8 pesos sino solamente 5 pesos. Nadie puede negar que esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance respecto del proyecto inicial”.
En representación de Morena, PT y PVEM, Lilia Aguilar presentó la reserva para reducir de 40 a 30 por ciento el derecho de utilidad compartida que paga Pemex para que destine más fondos al fortalecimiento de su infraestructura.
Un análisis del impacto del cambio establece que el ajuste “es lo que Pemex ahorrará por tener una mejor carga fiscal y sus ingresos reflejarán una mejoría en esta misma magnitud (25 mil 442.9 millones de pesos). La reducción del derecho de utilidad compartida no es un costo, sino una inversión que generará rendimientos positivos a Pemex, al gobierno federal y a los estados”,
Recordaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reducido el DUC a la petrolera y ha realizado aportaciones de capital para fortalecer a la empresa, lo cual “ha generado, por primera vez en 12 años, que Pemex capte el mayor porcentaje de renta petrolera”.
A solicitud del PVEM, se presentó una reserva para agregar un artículo 26 transitorio, que permitirá exentar del pago de impuestos las operaciones de transferencia de bienes entre las subsidiarias de la CFE. Jorge Luis Llaven, de ese partido, consideró vital agregar el transitorio pues “resulta irracional que nuestra empresa pública no pueda manejar libremente sus activos entre sus subsidiarias sin que ello le signifique un costo”.
Afirmó que “no se trata más que de un simple movimiento interno, es decir, de una redistribución de carácter administrativo que forma parte integral del proceso de creación y organización de dichas empresas y que debe mantener los mismos efectos legales otorgados a la asignación original de dichos activos”.
Indicó que con esta aprobación “se estará contribuyendo a corregir aquellas decisiones que antes de 2018 afectaron seriamente el funcionamiento de la CFE con el fin de debilitarla, de disminuir su productividad y su eficiencia para tener así un pretexto que permitiera justificar su privatización”.
Edición: Ana Ordaz
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