Familiares de los 43 se levantan de la mesa de negociación con Segob

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 se levantaron de la mesa de negociación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, en la que se discutirían sus demandas para acceder a los archivos sobre el caso, en poder del Estado mexicano.

En una conferencia de prensa, los familiares denunciaron que hay un intento desde gobierno federal por dividirlos y “hacerlos a un lado”, luego de que hoy en la primera reunión de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) se encontraron en la mesa con un pequeño grupo de familiares que nunca ha sido cercano a los trabajos de este mecanismo y que, señalan, está relacionado con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, entre otros, que están involucrados en la desaparición de los estudiantes.

Indicaron que este tipo de “provocaciones” son para “no dar respuesta” a lo medular sobre la investigación del caso y el acceso a los archivos militares.

Mientras los padres y madres de los estudiantes, acompañados por sus asesores de los centros de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, ofrecían una conferencia de prensa al respecto, Presidencia de la República emitió un comunicado en el que aseguró que la reunión de la Covaj sí se llevó a cabo con los familiares que se quedaron.

“A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la Covaj”, sostuvo, al tiempo que lamentó que se haya suspendido el diálogo con los demás “por cuestiones ajenas al trabajo” de la comisión.

Además, aseveró que en la sesión de la Covaj se dio respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres, así como de sus representantes, planteados el 3 de enero, relativos a la apertura de todos los archivos del gobierno y que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó ampliar un mes el plazo contemplado para el acceso a los documentos, quedando del 4 de enero al 4 de abril, y que está dispuesto a reunirse con ellos.

Al escuchar el comunicado, los padres y madres que estaban en el Centro Prodh manifestaron su sorpresa y enojo sobre lo leído. Mario González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos expuso: “desafortunadamente volvemos a tener la razón los 38 padres que estamos, en donde (los gobiernos) siempre van a hacer de la manipulación la verdad”.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares y del Centro Tlachinollan, señaló que lo expuesto por Presidencia es muestra de que “en su desesperación de este gobierno, en su intento de dividirnos, de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo minúsculo y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 jóvenes”.

Indicó que ese grupo de familiares que se quedaron a la sesión de la Covaj tiene un interés que “es meramente de tipo económico. Ese es el manejo, la actuación y las prácticas turbias de este gobierno que se parecen mucho a los de los gobiernos pasados”.

El gobierno “va a trabajar con Abarca, Ángel Aguirre, Pedro Segura, que todos ellos son responsables de la desaparición de los 43. Ángel tiene abierta una línea de investigación y con Pedro Segura hay una carpeta de investigación que se abrió en su contra porque probablemente un grupo de estudiantes habría sido llevado a su rancho”, afirmó.

Antes de la junta, los padres habían señalado que parte de lo sucedido tiene que ver con las afirmaciones y cuestionamientos que emitió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, entre ello, que ya no le tiene confianza a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su extrañeza porque los padres y madres no aceptaron acudir a los archivos militares luego de que ordenó su apertura.

“La información que nosotros queremos del Ejército mexicano nos la esconden, no nos las dan. Desafortunadamente confiamos en alguien desde 2018 por hacernos un decreto y que hasta la fecha no lo ha cumplido, al contrario ahora se ha dedicado a criminalizar a las organizaciones que nos acompañan, a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al GIEI, al Centro Pro, a Tlachinollan, a Serapaz y Fundar”, aseveró Mario González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos.

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Añadió que “hay algo muy chistoso de este presidente, desprestigia a las organizaciones pero no puede desprestigiar el informe que dio el GIEI, no puede derrumbar las líneas de investigación que dejó el GIEI, ni la información que estamos pidiendo con documentos directos de la Sedena”.

El encuentro de hoy entre los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, y el subsecretario Medina, surgió después de que el 3 de enero pasado acordaron reunirse para discutir sus peticiones sobre que el gobierno federal solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) poner a disposición de la Comisión para la Verdad los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que operaba en Iguala, en septiembre de 2014, así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.

Igualmente que en la revisión de los documentos participe el GIEI, que finalizó su mandato en julio del 2023.

Para los padres y madres de los jóvenes es importante dicho acompañamiento “porque ellos fueron un actor fundamental” en el hallazgo de los folios solicitados, sostuvo el abogado Vidulfo Rosales en su momento.

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También en la reunión previa, los familiares descartaron acudir directamente a la búsqueda de archivos en instalaciones militares, porque -dijeron- ello “redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento”.

Edición: Emilio Gómez