Arturo Sánchez y Alonso Urrutia
Tras subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está excediendo en sus funciones al asumir por si sola la decisión de anular la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) -derivado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que de invalidar el articulo 19 de la Constitución, impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes: 11 mil 640 acusados de homicidios; 7 mil 150 de secuestros; 5 mil 617 de violación y 4 mil 13 de narcotráfico, entre otros.
En la conferencia presidencial, dijo que aunque esta resolución obliga a todo el estado mexicano, la SCJN atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y cómo México debe darle cumplimiento” descalificando otras opciones, entre ellas, una obvia, es que el Congreso de la Unión debería analizar estas modificaciones.
Señaló que ante esta preocupación, el Gabinete de Seguridad envió una carta a cada uno de los ministros de la Corte expresándoles los alcances de tomar esta decisión porque, tan sólo en el Estado de México, desactivar la prisión preventiva oficiosa, implicaría la liberación, con riesgo de fuga de 21 mil 718 presuntos delincuentes; en Jalisco 8 mil 342 y en Veracruz 4 mil 554, cuando en gran medida la cantidad de personas en esta condición obedece a la gran tardanza en los procesos legales que hay en el Poder Judicial.
En el caso de los tres estados peninsulares, el mayor número de personas en PPO lo tiene Quintana Roo, con mil 415 reclusos; Yucatán, con 371 y Campeche, con 252.
Aseguró que esto coloca en riesgo a testigos y las víctimas que las han acusado, personal de las policías y las fiscalías, propios juzgados, riesgo a población en su conjunto, comisión de los nuevos delitos, seguridad nacional porque están asociados al crimen organizado con capacidad económica y operativa con alto riesgo de darse a la fuga.
Alcalde dijo que la Corte se excede en sus facultades y pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que significa paz y seguridad por lo que el gabinete determinó enviarle la carta para advertir de los riesgos.
Según la funcionaria, ningún estado, gobierno o tribunal extranjero puede ordenar a México modificar su constitución, régimen político. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia.
Aunque la Constitución y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía, cuando una norma internacional se opone a una norma nacional, debe prevalecer siempre la Constitución. Es un criterio se ha tomado en otras ocasiones.
López Obrador sostuvo que la reforma que pretende constituir un fondo de pensiones no intenta afectar el dinero de los trabajadores para su retiro, sino que busca garantizar los recursos para que cuando se retiren aquellos que tienen el régimen derivado de las reformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón puedan recibir más allá del 30 por ciento de sus último salario.
Señaló que esta determinación se basa también en que se detectó que las administradoras de Afores, vinculadas a bancos e instituciones financieras tienen 40 mil millones de pesos que por ley debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social que no han querido hacerlo. Consideró que las críticas a la reforma vienen de quienes tienen vínculos con estas administradoras.
En conferencia dijo que “como hablamos 40 mil millones de pesos, , sobre todo los columnistas que reciben moches de los bancos y las Afores, están diciendo que nosotros queremos quitarles el dinero a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto".
El gobierno federal brinda protección a 250 candidatas y candidatos a distintos puestos de elección popular y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales han dejado de hacer una valoración del riesgo para cada solicitud y ahora brindan de manera inmediata seguridad a los candidatos que lo piden, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Al presentar un informe sobre la estrategia federal para la protección de candidatas y candidatos, la funcionaria dijo que en lo que va del proceso electoral que inició el 1 de octubre de 2023, han sido asesinados una candidata, cinco precandidatos y nueve aspirantes a distintos puestos de elección popular en el país.
Añadió en Palacio Nacional que las investigaciones correspondientes están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías locales.
“La protección ya es inmediata y sin ningún pretexto, sin burocracias”, declaró y expuso que las autoridades federales han recibido, a través del Instituto Nacional Electoral (INE) 273 solicitudes de protección y aseguró que todas han sido atendidas: en 250 casos los solicitantes ya tienen seguridad, mientras que en los 23 restantes, los peticionarios retiraron su solicitud.
En el caso de Guanajuato, donde recientemente fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, Rodríguez indicó que la protección que brindan las autoridades federales se ha extendido a los presidentes municipales que así lo han pedido.
La secretaria Rodríguez dijo que la SSPC instaló una mesa que opera las 24 horas del día para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia, y añadió que a través de 32 mesas de Construcción de Paz y Seguridad en los estados y 256 mesas regionales, se revisa lo que sucede en el terreno.
Añadió que el gobierno federal está pendiente de todas las peticiones que realicen candidatos y partidos ante el INE para que sean atendidas de inmediato.
La Guardia Nacional (GN) tiene presupuesto suficiente para brindar seguridad a los candidatos a algún puesto de elección popular que los soliciten, afirmó por su parte el comandante de la corporación, David Córdova Campos.
Subrayó que la GN cuenta con instalaciones en las que les proporciona hospedaje y alimentos a los candidatos protegidos.
“En este particular, quienes se quejan son aquellos que antes estaban acostumbrados a llegar a hoteles y a comer en restaurantes”, agregó.
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