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La Jornada
14/08/2024 | Ciudad de México
Laura Poy y Alonso Urrutia
El organismo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC (MCCI), cuyos apoderados legales son Claudio X. González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, tuvo ingresos por 502 millones 588 mil pesos en el periodo de 2016 a 2023.
De ellos, 96 millones 740 mil 613 pesos fueron enviados por la embajada de Estados Unidos en México, no a partir de la fundación del organismo en 2015, “sino en el momento en el que México realiza elecciones, y que el candidato que resulta elegido es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador”, informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En una larga exposición durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional detalló los montos, las empresas y particulares que han entregado recursos a la asociación civil, así como el destino que han tenido estos fondos. Destaca el pago por servicios de sus fundadores: María Amparo Casar Pérez cobró entre 2016 y 2023 26 millones 514 mil 57 pesos a Mexicanos contra la Corrupción, mientras que su otro fundador, Claudio X. González Guajardo, recibió 11 millones 244 mil 873 pesos entre 2016 y 2020.
El titular de la UIF detalló que MCCI también ha recibido recursos desde cuentas en Estados Unidos por 13 millones 17 mil 951 pesos entre 2017 y 2023, que incluyen como donadores a The Ford Foundation; John and Catherine T MacArthur Foundation; e Internacional Community Foundation, entre otras. A ello se suman otros 2 millones 40 mil pesos que recibió desde la National Endowment For Democracy, con el que gobierno de Estados Unidos financia organizaciones por la democracia en el extranjero.
El funcionario federal destacó que en México decenas de importantes empresas, entre ellas de Grupo México, de Germán Larrea, han entregado recursos, así como particulares, entre ellos Claudio Xavier González Laporte, padre de Claudio X., por un monto de 16 millones 775 mil pesos.
Carta de AMLO a Biden acompañará a nota diplomática por financiamiento a opositores
Ante el financiamiento del gobierno de Estados Unidos que recibe la organización Mexicanos contra la Corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno actuará en dos vertientes: le enviará una carta a su homólogo estadunidense, Joe Biden, explicándole la inconformidad por esta aportación a un organismo opositor en México que complementará a la nota diplomática que presentará la Secretaría de Relaciones Exteriores protestando por la injerencia en la política en México.
En paralelo, anunció que solicitará a la Procuraduría Fiscal y al Servicio de Administración Tributaria que lleve a cabo una revisión sobre estos donativos de empresas y organismos internacionales para ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que presenten un informe.
López Obrador dijo que aún estaba en tiempo para promover reformas legales que regulen el financiamiento a este tipo de organizaciones a través de donativos que son deducibles de impuestos por parte de personas físicas y morales. Sugirió que se podría impulsar una reforma para evitar abusos en la figura de aportaciones a estas organizaciones.
Todo esto “para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos", porque cuando se deducen impuestos por donativos "son ingresos que no llegan a la Hacienda pública que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos sino que cuando se regresan estos recursos se utilizan con propósitos facciosos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar".
Oposición a reforma es porque el Poder Judicial está "al servicio de minorías": AMLO
López Obrador aseguró que la oposición a la reforma al Poder Judicial es porque “está al servicio de minorías, de grupos de intereses creados, es un apéndice del poder económico del país, y no quieren que el Poder Judicial atienda a todos los mexicanos como lo establece la Constitución y las leyes, lo quieren tener secuestrado”.
Puso como ejemplo la liberación esta madrugada del ex gobernador de Puebla,
Mario Marín, “a quien le dan la libertad, y eso es lo que quiere la Coparmex, que es un sector del PAN, y eso es de dominio público”.
López Obrador llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no dejarse utilizar, y destacó que la mayoría gana diez veces menos que un juez y 20 veces menos que un ministros. “Si van a hacer la huelga el 19 de agosto, nada más les encargaría, con todo respeto, que nos ayuden a resolver dos expedientes como de 35 mil millones de pesos, que ya deberían de resolverlos”.
Uno de ellos, dijo, es por 2 mil millones de pesos, y otro, por 33 mil millones, que presuntamente se deben al fisco, y para lo cual, afirmó, “no hay fundamento legal, y los tiene la presidenta (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), la señora (Norma) Piña, ahí en su escritorio. Imagínense lo que se puede hacer con 35 mil millones de pesos en beneficio del pueblo”.
En cuanto a la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo, aseguró que se trata de una actitud “muy deshonesta de parte del bloque conservado (…) no hay fundamento político. No es posible que digan la ley es la ley, y que ahora quieran interpretar de distinta forma lo que expresamente establece la Constitución y la ley de la materia”.
Recordó que con ese marco legal se resolvieron la distribución de los plurinominales desde hace diez años, o cuando menos, cinco elecciones”. Y quienes están protestando, entre ellos, citó el caso de Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral, “ya resolvieron legalmente, de conformidad con lo que establece la Constitución, y la ley de la materia, y ahora no quieren que se resuelva este asunto de esa manera”.
Afirmó que “políticamente esta mal que mientras les ayudó ese marco legal no decían nada, se benefician de lo que ellos ahora llaman sobrerrepresentación, y no decían nada, y los más audaces dicen, es que antes se hacía así pero estaba mal, pero ahora vamos a arreglarlo”.
Se puede arreglar, afirmó el presidente López Obrador, “nada más que hay que modificar la Constitución y la ley, porque si no se aplica la fórmula vigente, pues va a hacer una violación a la Constitución y una violación flagrante a la ley en la materia”.
