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La Jornada Maya
19/02/2026 | Ciudad de México
Efe/La Jornada
La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles por unanimidad ampliar la definición penal del delito de abuso sexual, incluyendo que el silencio o la falta de resistencia por parte de la víctima no pueda interpretarse como un consentimiento.
Con el voto favorable de los 431 diputados presentes, el Congreso mexicano dio luz verde a la reforma de los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, para ampliar su definición y alcance, así como para fijar nuevas penas.
En un comunicado, la Cámara Baja informó que el texto actualizado establece que este delito lo comete «quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo».
Además, la iniciativa aprobada establece que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio. Esto significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima.
Con esta reforma se entiende como acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Asimismo, no se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona «haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad».
«El consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima», destacó la Cámara de los Diputados
Además, las penas previstas en caso de abuso sexual irán de tres a siete años de prisión, a la vez que se impone la obligación de que los condenados asistan a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o que presten algún tipo de servicio social al Estado.
Debate por reducción de penas
La reforma, sin embargo, redujo la pena de cárcel vigente, que es de 6 a 10 años, a otra de 3 a 7 años, punto que fue objetado por la bancada del Partido del Trabajo, que anunció una iniciativa para incrementar la sanción carcelaria y decidió no presentar una reserva, con objeto de no retrasar las modificaciones, pues cualquier cambio obligaría a devolver el dictamen al Senado.
El argumento para reducirla es que el Congreso no puede “caer en el populismo punitivo”, pero también se planteó que, con las agravantes, la pena puede incrementarse.
La reforma también prevé ampliar y fortalecer agravantes en este delito como la violencia física, psicológica y moral, o cuando exista entre el agresor y la víctima una relación de «confianza sentimental» o algún tipo de parentesco; también serán considerandos como agravantes el abuso de poder, o la utilización de drogas sintéticas, alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima, pero también el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto.
Se necesita presupuesto: Oposición
Aunque los más de 20 oradores en tribuna se pronunciaron a favor de la iniciativa, algunas legisladoras de oposición advirtieron que, si no se garantizan los recursos presupuestales suficientes, esta reforma no será aplicable en la realidad.
La priísta Ariana Rejón admitió que la reforma “sí es un paso, pero no basta. No podemos seguir romantizando cuando no se asigna presupuesto. Si el gobierno no investiga, no protege y no acompaña, la reforma se queda en un simple papel. No podemos seguir legislando sin presupuesto mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención psicológica real”.
"Esta reforma requiere presupuesto, porque México vive una pandemia de violencia sexual”, abundó la panista Ana María Balderas.
Marycarmen Bernal, del Partido del Trabajo, criticó que se abra la posibilidad de que los agresores sexuales puedan acceder al beneficio de la pre liberación si cumplen con ciertos requisitos de ley.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una de cada cinco mexicanas ha vivido violencia en espacios públicos, pero 92 % de los casos no se denuncian.
Edición: Mirna Abreu
