''Palabra del Estado mexicano sigue incumplida'', señalan colectivos y expertos a 30 años de San Andrés

Elio Henríquez

Los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hace 30 años, son “un documento político, no jurídico, dirigido a la instauración de un nuevo pacto social, lo que significa una nueva Constitución para regular una nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado Mexicano”, lo que no ha ocurrido, afirmó Elia Avendaño Villafuerte, especialista en derecho indígena y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregó que “su cumplimiento nunca ha sido un problema jurídico, porque la mayoría del contenido de los tratados suscritos el 16 de febrero de 1996, es parte de los derechos contemplados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado en 1990”.

Precisó que “no es un asunto meramente jurídico porque después de su suscripción fueron formalmente incluidos los pueblos indígenas en el artículo 4 de la Constitución de 1992, por lo que los derechos indígenas ya eran obligatorios, pero el pretexto era que los instrumentos internacionales de derechos humanos estaban por debajo de la Constitución”.           

Al participar en la última jornada del Encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), reiteró que “los elementos jurídicos para que los pueblos se erijan como sujetos plenos ya están constitucionalizados, solo falta que se atrevan a cuestionar las estructuras actuales y rebasarlas para ejercer sus derechos plenos como sujetos colectivos de manera responsable”.

Avendaño Villafuerte manifestó que la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, “incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público”, lo que representa “un cambio fundamental porque conlleva la restructura del Estado mexicano y da lugar a un cuarto nivel de gobierno, ya sea regional o submunicipal”.

Luis Manuel Martínez Vera, catedrático e investigador de la Unach  dijo que los acuerdos de San Andrés “marcan un punto de inflexión y tienen relevancia histórica y política, son un intento formal de establecer un pacto entre el Estado y los pueblos indígenas”, pero “falta voluntad política y económica” para su aplicación.

Lo trascendental en este momento, remarcó, “es cómo hacerlos eficaces, cómo pasar del reconocimiento a la instrumentación a través de las leyes y organismos que están ahí instruidos para tal propósito”.            

En el encuentro participaron también la maestra, Adriana Sarahí Jiménez López y el abogado, Gabriel Méndez López.

Colectivos acusan desidia del Estado mexicano

“La memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada”, afirmaron siete agrupaciones y colectivos.

En un comunicado conjunto dado a conocer en “el marco de las manifestaciones por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores” para reafirmar “la lucha por la vida, la tierra y la dignidad”, dijeron que 30 años después de que fueron suscritos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los tratados “son la traición continuada”.

La Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor), Lumaltik-Herriak Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán, Antsetik Ts'unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras) y la colectiva Las Artemisas, manifestaron que “el EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los Bienes Comunes”.

Con ello, abundaron, “se mantienen suspendidas las puertas del diálogo y la paz y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente”.

Expresaron que “ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los Bienes Comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos”. 

Frente a ello, añadieron, “honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa de la memoria como herramienta de lucha”.

Denunciaron que “el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, hoy día es vital la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos donde la justicia, la memoria y El Común sean el fundamento. 

La madre tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro”. Destacaron que “Samir fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz se une a la de miles que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia nos convoca a multiplicar la fuerza colectiva contra un sistema que privilegia el capital sobre la vida y que convierte la madre tierra en mercancía”. 

Edición: Fernando Sierra