José Antonio Román
La mayoría de los gobiernos estatales presenta irregularidades en la entrega de financiamiento de sus universidades, con retrasos en el suministro de recursos y adeudos, que al pasado 31 de julio sumaban mil 903.5 millones de pesos, de acuerdo con la Plataforma de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Lo anterior se da a pesar de que los gobiernos aportan, en su gran mayoría, un porcentaje mucho menor respecto al de la Federación, que ya entregó los recursos correspondientes a agosto, según la propia plataforma. Así, Tamaulipas, con 327.7 millones de pesos; Nuevo León, con 292, y Baja California, con 240 millones, son las entidades que deben una mayor cantidad a sus universidades.
La participación del gobierno federal y de los estatales en este renglón ha tenido variaciones importantes, de acuerdo con las condiciones económicas y políticas del país, pero la Federación es la que aporta los mayores recursos.
La Universidad Veracruzana es la única cuyo porcentaje de financiamiento local es mayor al de la Federación, con 54 por ciento. Las de Sonora, Quintana Roo, Coahuila y de Occidente tienen un convenio de responsabilidad paritaria, mientras el resto de instituciones presenta porcentajes muy variables, desde la de Tabasco y Guadalajara, con 49 por ciento de recursos estatales, a los de 10, 11 y 14 por ciento, en San Luis Potosí, Oaxaca y Tlaxcala, respectivamente.
Sin embargo, desde 2016, la Federación y los gobiernos estatales firmaron un convenio de apoyo financiero a las 35 universidades públicas –varias entidades tienen dos de estas instituciones–, en el que acordaron buscar un esquema equitativo de 50 por ciento, lo que no se ha cumplido, salvo en contados casos.
Para Víctor Méndez, asesor técnico de la Confederación Nacional de Sindicatos Universitarios, este convenio es “letra muerta”, pues “no se indican compromisos ni porcentajes paulatinos y crecientes de cómo se va a incrementar cada año hasta llegar” a esa meta de 50 por ciento.
Para el cierre del presente año, se prevé que al menos nueve de las 35 universidades públicas estatales no puedan cubrir desde octubre y noviembre el pago de la nómina.
La entrega oportuna de estos recursos económicos podría aliviar en parte los problemas financieros de algunas.
Éste no es el único problema que enfrenta el conjunto de las instituciones públicas de educación superior, pues a pesar de que de 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula de 117 por ciento, el incremento del gasto federal para este renglón fue de 65 por ciento en términos reales.
También, en los últimos años se han reducido o desaparecido varios programas de recursos extraordinarios a los que podían acceder las universidades.
Edición: Emilio Gómez
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