Reforma sobre prisión preventiva atenta contra presunción de inocencia

Organizaciones civiles de derechos humanos advirtieron que las reformas aprobadas el martes por el Congreso para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa atentan contra el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, además de que criminalizan la pobreza y la precariedad e impiden evaluar cada caso con detenimiento. 

En su cuenta de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la prisión preventiva oficiosa –es decir, la privación automática de la libertad mientras se investiga el delito– “impide evaluar y justificar caso por caso las medidas cautelares adecuadas para garantizar el buen curso de la investigación sin ser excesivas”. 

Asimismo, el colectivo señaló que dicha medida viola obligaciones internacionales del Estado, como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las mujeres que fueron víctimas de violaciones graves a sus garantías básicas en San Salvador Atenco, ocurridas en 2006. 

De acuerdo con el mencionado organismo internacional, recordó el Centro Prodh, para que no se considere arbitraria, la prisión preventiva debe ser compatible con la CADH; ser la medida más idónea para ese fin; acreditar que no existe una medida menos severa para ese caso; ser proporcional al fin, y estar adecuadamente motivada. 

Por separado, el colectivo Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) alertó que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa “vuelve a menoscabar los preceptos basados en derechos humanos que rigen la Constitución, el Sistema de Justicia Acusatorio y el Sistema Penitenciario”, bajo el “falaz estandarte de atacar la impunidad”. 

La organización subrayó que “la tendencia del endurecimiento al trato que se da a dichos delitos atiende a una necesidad vengativa más que una restaurativa que fortalezca las instituciones que atañen. El atropello a la presunción de inocencia y a los derechos humanos de las personas imputadas se hace aún más probable”. 

Edición: Elsa Torres