Angélica Enciso
Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió el 25 de agosto la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, debido a que solicitó información adicional a Fonatur, estos organismos firmaron un convenio para establecer un grupo de trabajo técnico-jurídico que se establecerá en un máximo de 30 días.
En un comunicado, la Semarnat informó que el objetivo es “establecer los mecanismos de coordinación y cooperación, así como determinar las acciones a realizar y su seguimiento en el proyecto del Tren Maya”.
Como parte del convenio, Fonatur y Semarnat promoverán, de ser necesarias, medidas extraordinarias de protección ambiental en los siete tramos por los que cruzará el Tren Maya para que se preserven las 15 áreas naturales protegidas que confluyen en su paso.
Informaron que “desplegarán sus mejores esfuerzos para la ejecución de acciones encaminadas a la formulación y actuación de los ordenamientos ecológicos locales y regionales en los que se involucre la infraestructura ferroviaria para propiciar comunidades sustentables en el entorno del Tren Maya”.
Semarnat y Fonatur darán seguimiento a los estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, riesgo ambiental, atención de pasivos ambientales y cualquier otro quesea necesario para el desarrollo de este proyecto emblemático del gobierno de México.
La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, dijo que los proyectos de la Cuarta Transformación tienen un sentido social, y afirmó que se busca colaborar para asegurar que se respete la normatividad ambiental.
El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, señaló que “este acuerdo marca una nueva etapa de colaboración para hacer del Tren Maya un proyecto con un ordenamiento territorial distinguido por su modelo de desarrollo, más incluyente en lo social y más responsable en la parte ambiental”.
Para el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de Semarnat, Tonatiuh Herrera Gutiérrez, el Tren Maya no responderá a intereses económicos particulares, sino que incluirá la participación de las comunidades en el ordenamiento territorial y se fomentará que, junto con los núcleos agrarios, se mantengan vigilantes del eventual impacto ambiental.
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