Andrea Becerril
Foto: tomada de @PresidenciaMX
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 18 de agosto, 2016
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó al magisterio disidente a no impedir que se reinicien las clases el próximo lunes 22.
Entrevistado ayer en el Senado, el ombudsman nacional llamó al gobierno federal y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘‘a tener como eje rector el que no se afecte a terceros, sobre todo a niños y adolescentes’’.
González Pérez consideró que la CNTE puede hacer valer sus exigencias dentro de la legalidad. ‘‘El tema de la educación es vital para el país; creo que las demandas que pueda hacer cualquier sector o grupo deben realizarse en el marco de la ley para evitar afectar a terceros’’.
Luego de inaugurar el foro Balance de la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, el ombudsman comentó también que espera que la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias gubernamentales entreguen a la CNDH la información que falta en torno al caso Nochixtlán.
Entre otras, dijo, la que se refiere a que hubo tiradores ajenos a los maestros en los hechos del pasado 19 de junio, donde profesores y pobladores de ese municipio oaxaqueño fueron desalojados de forma violenta, con un saldo de ocho muertos y cerca de 200 heridos.
En tanto, la Comisión Permanente solicitó al gobierno federal poner en marcha un programa de rescate y reactivación de las actividades económicas afectadas por las movilizaciones de la CNTE en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
[b]Reportan empresarios pérdidas millonarias por el movimiento[/b]
En la exposición de motivos de esa propuesta, presentada por senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se señala que de acuerdo con cámaras y organismos empresariales, los daños económicos por las movilizaciones de los profesores inconformes con la reforma educativa ascienden a 2 mil 700 millones de pesos. De ellos, mil millones corresponden a Chiapas y mil 700 a Oaxaca.
La Permanente propone que en ese plan de rescate a comercios y empresas afectados en las tres entidades participen las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Trabajo, Agricultura y el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otras instancias.
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