Ángeles Cruz Martínez
La participación de las entidades federativas y de particulares en el plan de vacunación contra COVID-19 se considerará una “acción extraordinaria” y sólo de coadyuvancia. Para ello, además de presentar los contratos de compra de las vacunas, para su aplicación se deberán apegar a los criterios federales en cuanto al calendario y la prioridad por grupos de personas que recibirán la inmunización. Así lo establece el proyecto de acuerdo de la Secretaría de Salud (Ssa).
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El documento entró en vigor ayer al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se difundió su contenido en la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Por la tarde este organismo emitió el dictamen final, en el cual autoriza a la Ssa a continuar con los trámites para su puesta en marcha.
La Conamer señala que el acuerdo, con vigencia de seis meses, atiende a la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Agrega que es indispensable que los gobiernos de los estados, las personas físicas y morales de los sectores social y privado estén en “posibilidad de adquirir con sus recursos y en forma directa” las vacunas.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que además de las adquisiciones que ya realiza el gobierno federal de las vacunas, es posible que otras instancias también lo hagan.
A respetar lineamientos
Admitió que no hay prohibición alguna al respecto, aunque el acuerdo de la Ssa incluye algunas acotaciones, como la que se refiere al papel de coadyuvancia que tendrá la participación de los estados y de particulares en dicha compra, es decir, no podrán ir por su cuenta a aplicar vacunas una vez que las hayan conseguido.
Además de los contratos, los adquirientes de biológicos deben informar sobre la cantidad de dosis compradas y las aplicadas a la población, con datos desagregados conforme a la política nacional de vacunación.
También deberán entregar la información sobre el origen y destino final de cada biológico, e informar a la Ssa sobre tal seguimiento.
El acuerdo de la Ssa y el dictamen final de Conamer ratifica que las compras las harán “con sus recursos”, y en la aplicación se garantizará que sea adecuada y oportuna para lograr la prevención del coronavirus.
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