Un país peligroso

José Antonio Román
Foto: cortesía Agencia Veracruzana de Comunicación
La Jornada Maya

12 de febrero, 2016

El derecho a la libertad de expresión en México enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en esos casos, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al hacer público su Recomendación General número 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el organismo nacional hizo un llamado enérgico a las autoridades del gobierno federal y de las estados para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

La CNDH señaló que en México –considerado un país peligroso para ejercer el periodismo en las Américas- han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a la crítica y opiniones surgidas desde la actividad periodística. “Hay acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.

La recomendación se hace pública en medio de un nuevo asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar del periódico El Sol de Orizaba, quien la madrugada del pasado lunes fue sacada de su domicilio en el municipio de Orizaba por un grupo de hombres armados. Horas después su cuerpo fue localizado en la carretera de Cuacnolapan, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

La Recomendación General está dirigida a la Procuradora General de la República (PGR), a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, presidentes municipales y jefes delegacionales.