Políticos de oposición demandan federalismo en foro de la FIL

Texto y foto: Katia Rejón, enviada
La Jornada Maya

Guadalajara, Jalisco
Martes 27 de noviembre, 2018

“Cuando veíamos la posibilidad de una auténtica transformación para cambiar el pacto federal, por el ascenso y una esperanza auténtica, es cuando ahora resulta que tendremos que convertirnos en defensores de lo que por lo menos tenemos”, zanja Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua, en el [i]Foro Federalismo Prisciliano Sánchez[/i], una de las mesas políticas más significativas que se dieron dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El encuentro, que reúne a subsecretarios, gobernadores, senadores, y jefes de gobierno electos, así como periodistas y analistas, es un contrapeso discursivo a la política que el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido soltando, y forma parte de un paquete de acciones y posturas que iniciaron precisamente con el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien el 22 de noviembre pasado emitió un discurso en el cual afirmó que no permitirán “la imposición por el mayoriteo legislativo en contra de la autonomía de Jalisco como estado libre y soberano”.

Exigió, entre otras cosas, revisar la figura de los “superdelegados”, quienes podrían tener el control de la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral y programas a cargo de las secretarías, dependencias y entidades. Lo que más se menciona en las discusiones de las mesas es el tema de la seguridad, donde los gobernadores electos aparecen como “invitados” a la coordinación.

El mismo director de la FIL, Raúl Padilla López, lo dijo en su discurso de inauguración: respaldamos la postura de Alfaro que exige la autonomía de los estados y una revisión a la propuesta de una guardia nacional.

El federalismo en México es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre los estados, los cuales se rigen por la Constitución y a una coordinación con el Estado central. Esto responde también a las necesidades diversas que tiene cada estado de la República, y aún con el pacto federalista había una preocupación por el centralismo que todavía existe en la práctica. En particular, los gobernadores electos insisten en la necesidad de hacer una reforma tributaria para que los impuestos recaudados en cada entidad sean administrados por los gobiernos estatales, pues actualmente éstos pasan a la federación y los gobiernos locales se quedan, cuando mucho, con el 20 por ciento de lo recaudado.

“Los gobiernos locales están sujetos al control político y no se premian sus esfuerzos para recaudar, ser austeros, invertir y rendir cuentas. Eso provoca que haya gobiernos donde hay nulos esfuerzos de recaudación. Chihuahua es la tercera deuda más alta del país; debe 50 mil millones de pesos, y es la segunda en Producto Interno Bruto. Tenemos dos años pagando deudas que ni contrajimos ni se vieron reflejadas en infraestructura o inversión ¿Quién puede gobernar así?”, comenta Javier Corral.

Al mismo tiempo, la política de “perdón y olvido” de López Obrador les deja también la responsabilidad de pagar lo que los gobiernos corruptos se robaron. “No por otra cosa hemos insistido en la Operación Justicia para Chihuahua. No sólo para meter a la cárcel a los corruptos per se, sino para desposeerlos. Queremos recuperar el dinero robado. Sólo eso faltaba: que vayamos a amnistiar a los que saquearon al estado”, finaliza el gobernador con una ola de aplausos.

Enrique Alfaro, como otros 11 gobernadores, entre ellos Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, firmaron una misiva rechazando la figura de los “superdelegados”, que tendrían a su cargo las tareas de seguridad. En ambos casos, los superdelegados propuestos son ex candidatos a gobernador del partido de Morena, derrotados en las elecciones pasadas por los firmantes.

“El superdelegado en Jalisco es Carlos Lomelí, ex candidato derrotado al gobierno de Jalisco. Lo mismo pasa en Campeche, Quintana Roo, Baja California. Las delegaciones quieren manejar de manera directa todos los programas de apoyo ciudadano, más de 8 mil programas sociales del país serían concedidos a los representantes políticos y electorales cuando en este momento no tienen facultades para hacerlo”, dice el senador Dante Delgado Rannauro.

Sostienen que sus puestos de elección pública son tan legítimos como los 30 millones de votos que obtuvo López Obrador. Sin embargo, los proyectos prioritarios que plantean los gobiernos estatales están siendo ignorados en la negociación de presupuesto. “Es una falta de respeto a las autoridades que al igual que usted, fueron electas legítimamente. No somos ‘invitados’ a la mesa de seguridad, somos los responsables de la seguridad de nuestro estado por mandato constitucional”, expresó anteriormente Enrique Alfaro.

[b]Base del sistema[/b]

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, resume que la discusión es la base política del sistema federal, y si no se comprende que ése es el tema, entonces no se comprende nada. “Discutir el federalismo es encontrar cómo satisfacemos derechos humanos. Los satisfactores básicos se hacen por la administración estatal. En un contexto donde la democracia está sometida a extraordinarias presiones, con una globalidad muy compleja y un capitalismo financiero muy perverso, ¿cómo logramos una eficacia administrativa?”, pregunta.

La discusión se vuelve más compleja cuando el doctor y jurista Diego Valadés Ríos habla de las autoridades locales involucradas en procesos del narcotráfico y la vulnerabilidad de éstos al ser objeto de extorsión o intimidación.

La idea se complementa con la propuesta de fortalecer los sistemas representativos de grupos letrados con habilidades profesionales y técnicas, que lleven a cabo acciones de largo plazo; en vez de seguir el “sistema de botín”, que lleva a los gobiernos locales a repartir puestos entre amigos y conocidos para pagar favores.

En las cuatro mesas históricas participaron políticos de todos los partidos, señalando la necesidad de un balance al movimiento arrasador de Morena. Se habló también de la ligereza al reformar leyes, así como de un control del mismo órgano revisor de la Constitución, el cual no puede permitir hacer, irónicamente, constituciones anticonstitucionales.

“Un solo partido, con la mano a la cintura, puede reformar la Constitución cuantas veces se le pegue la gana. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos 707 reformas al articulado, 173 decretos o reformas constitucionales. Estados Unidos, con una constitución 100 años más vieja que la nuestra, sólo ha hecho 27 reformas o enmiendas a su carta magna”, afirma Valadés.

[b]Amenazas desde 1824[/b]

La senadora Beatriz Paredes Rangel advierte que las reacciones de la opinión pública son de un autoritarismo plebiscitario que se rige por un falso argumento que parece verdadero: todos son corruptos menos yo. “Como hay una convicción de que los personajes de los otros partidos políticos son corruptos, hay un proceso de legitimación, de negación de todos los demás: los estados no funcionan porque los gobernadores fueron corruptos”, explica.

En una entrevista, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, dijo que de no ajustarse al lineamiento constitucional, se dictará la desaparición de los poderes estatales.

“Como nosotros no tenemos de cuadrarnos, posiblemente seremos los primeros en desaparecer. Desde 1824, cuando se creó el sistema federal, ha habido amenazas de regresión del centralismo. Pero nunca había habido tanta acechanza al sistema federal de la magnitud en la que estamos”, expresa Corral.

Los panelistas y funcionarios públicos no se oponen sólo a las reformas que pretenden AMLO y su partido, como las funciones de los superdelegados y la guardia nacional. También exigen una revisión al sistema federalista que incluya una cuarta convención fiscal y una reforma hacendaria para fortalecer a los gobiernos locales, para que los presupuestos estatales dejen de ser “listas de Santa Claus”, sobre todo de partidos que no son Morena, para hacer frente a una mayoría aplastante en el Congreso de un partido que acusa a la oposición de “chantaje”.

“Ahora resulta que exigir un presupuesto digno es un chantaje. En su respuesta, nosotros clara y abiertamente nos vamos a defender con las facultades que nos otorgó la soberanía en el voto popular. Y eso no es chantaje”, finaliza Alfaro.