Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Foto: Yazmín Ortega
La Jornada Maya
Ciudad de México
Martes 25 de septiembre, 2018
De no otorgarse la partida adicional de 126 millones de pesos que desde junio pasado se ha solicitado a la Oficialía Mayor de la de Secretaría de Gobernación, a partir del próximo primero de octubre se tendrán que retirar las más de 3 mil 500 medidas de protección en favor de 52 colectivos y 702 periodistas y defensores de derechos humanos, advirtieron senadores de Morena, encabezado por la senadora Olga Sánchez Cordero, que será la próxima secretaria de Gobernación.
En un punto de acuerdo que presentarán durante la sesión de hoy, solicitan que se haga llegar de inmediato esos recursos adicionales y que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 de, al menos, 500 millones se asignen para la operación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que opera en la Secretaría de Gobernación.
En el mes de junio de 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación solicitó a su Oficialía Mayor que se pudiera otorgar una partida adicional por un monto de 126 millones de pesos, con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre 2018 a marzo 2019, tomando en cuenta que el presupuesto del 2019 se entrega en el mes de abril y el pago de medidas de protección no pueden detenerse.
En julio del 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos, reiteró la petición a la Oficialía Mayor de la Segob, sin obtener respuesta positiva.
En la propuesta de acuerdo, se resalta que organismos de defensores de derechos humanos, entre ellos el relator Especial de las Naciones Unidas, Michael Forst, destacaron la necesidad de dotar al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de “suficientes recursos humanos, logísticos y financieros”-
En relación con el Mecanismo, refirió que se ha dado protección a 386 personas defensoras de derechos humanos, pero que no ha sido “suficiente como instrumento de política pública para transformar el ambiente en el que operan los defensores de derechos humanos”.
Ante un cúmulo de recomendaciones de gran valía, queremos destacar la de “garantizar los recursos presupuestarios suficientes para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección, incluyendo la implementación de medidas”.
Asimismo, se destaca que Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos señaló que “ en 2016 tres personas defensoras fueron asesinadas mientras que para 2017, ya eran 155 principalmente personas de “comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales”.
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