Chile: desbordamiento social

Eliana Arancibia Gutiérrez*
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Martes 22 de octubre, 2019

La crisis sin precedente desatada este fin de semana en el país más neoliberal de América Latina muestra con total contundencia las graves fracturas sociales que atraviesan a la región, vulnerando la propia condición humana de la mayoría de sus habitantes. Tal como lo revela el último informe [a=https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf]Panorama Social de América Latina[/a] elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la región sigue siendo la más desigual del planeta y 30 por ciento de sus casi 625 millones de habitantes son pobres; 10 por ciento de hecho es extremadamente pobre, siendo éste el porcentaje más alto desde 2008.

Desigualdad, pobreza, bajas pensiones, altos costos en los servicios básicos, violencia, gobiernos corruptos, dispendio público y una clase política que acapara privilegios, incapaz de comprender el pulso cotidiano de la vida en sociedad, son ingredientes de la trama común que padecen todos los países latinoamericanos.

Curiosamente, Chile aparecía ante el imaginario internacional como fuera de esa trama: fue el primer país sudamericano en ingresar a la OCDE en 2010, lo cual se interpretó como un reconocimiento a su buen desempeño democrático y a sus políticas macroeconómicas catalogadas de "ejemplares". En la última década Chile no dejó de aparecer en diversos rankings mundiales en posiciones como "el país más competitivo de América Latina", "el país con mejor reputación de América Latina", "el país más conectado de América Latina".

Ante los ojos del recetario neoliberal, Chile parecía un paciente en perfecto estado de salud, ostentando el ingreso per cápita más alto de la región con 20 mil USD al año y crecimiento económico con una proyección del 2.5 por ciento del PIB para 2019 (por encima del promedio regional y de México que espera un 0.5).

[b]Bajo estado de emergencia[/b]

Sabido es a estas alturas que las protestas comenzaron la semana pasada en la capital, Santiago, luego de que una empresa privada con participación del Estado chileno aumentó de 800 a 830 pesos chilenos (1.3 USD) el boleto del metro en la hora punta. En repudio a la medida cientos de ciudadanos, en especial estudiantes de preparatoria y universitarios, comenzaron a entrar de manera masiva sin pagar a los andenes, acciones que fueron escalando y que motivaron que el gobierno, encabezado por el derechista Sebastián Piñera, decretara el cierre de todas las estaciones que transportan diariamente a tres millones de chilenos. De ahí fue un paso al caos, con el tránsito colapsado y masas de peatones sin poder movilizarse; las protestas se encendieron y en las principales ciudades de Chile las personas salieron a manifestarse enardecidamente, el hartazgo social se desbordó y la respuesta del gobierno fue invocar a la ley de seguridad del Estado que regula los delitos contra la seguridad interior del país, y que le da carta blanca a los militares para salvaguardar el orden nacional. Bajo esa ley, Chile hoy está bajo estado de emergencia y toque de queda que prohíbe la libre circulación de personas en la vía pública entre las 19 y 7 horas.

La última vez que se decretó la medida fue en 1987, durante la dictadura militar de Pinochet; al año siguiente, el régimen se desmoronó con un plebiscito que sacó al dictador de la cúspide, pero que no eximió al país de continuar siendo el laboratorio de experimentación neoliberal donde se han fraguado las medidas que hoy anclan a América Latina a la pobreza y a la desigualdad.

Más allá del incremento del costo del metro, en Chile se están abriendo heridas de larga data, entre ellas:

Educación desigual. La prueba PISA muestra que los niños de primarias públicas chilenas tienen el mismo desempeño escolar que en Nicaragua, mientras que los niños que asisten a escuelas privadas se desempeñan como en Francia. Ni hablar de la educación superior, cuyo sistema de financiamiento ha significado el endeudamiento millonario de jóvenes y sus familias, el desmantelamiento de la educación pública en todos sus niveles, el menoscabo de la profesión docente. A pesar del nuevo sistema de financiamiento, que reinstala la gratuidad de la educación universitaria y el fin al lucro en la educación, estos cambios no alcanzan a beneficiar a miles de familias de clase media que deben seguir endeudándose para educar a sus hijos.

Un sistema de pensiones heredado de la dictadura y cuyos montos en promedio se ubican debajo del salario mínimo (alrededor de 400 USD), mientras que las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (equivalentes a las AFORES en México) obtienen millonarias ganancias.

Un sistema de salud privado que cubre poco más de la mitad del costo de las prestaciones y que discrimina a las personas mayores de 65 años y a las mujeres, que deben pagar tres veces lo que paga un hombre.

Servicios básicos privatizados y de altos costo. Sin ir más lejos, las tarifas de luz son las más caras de Sudamérica, y este mes de octubre subieron 10.5 por ciento, acumulando 20 por ciento de alzas en 2019.

Corrupción generalizada que alcanza al gobierno, a las empresas y en años recientes a instituciones incuestionables como el Ejército y los carabineros, que se han visto involucradas en escandalosos casos de robo y desvío de fondos institucionales destinados a resguardar la seguridad del país, en beneficio de altos mandos corruptos.

[b]Crisis de gran magnitud[/b]

Lo que ha estallado en Chile es una crisis de gran magnitud y de final incierto; las grandes manifestaciones de los años ochenta tenían a la dictadura como adversario claro; había líderes que encauzaban las demandas con un objetivo político claro: recuperar la democracia. Lo de hoy es un desbordamiento social motivado por el hartazgo, no hay liderazgo político certero y los dirigentes sociales se ven sobrepasados por las masas furibundas que sienten que saqueando están haciéndose justicia. Sin conducción política que articule las demandas y organice la movilización popular con claridad, lo que ocurre en las principales ciudades del país se ha salido de control y son los más violentos, los vándalos y el lumpenaje quienes terminan protagonizando la situación. Mientras, otros miles de chilenos de distintas edades protestan en el centro de las ciudades y en los barrios tocando cacerolas, cortando calles, haciendo fogatas y gritando consignas para expresar su profundo descontento con el gobierno, la clase política y los privilegiados de siempre.

*Chilena-mexicana, doctora en Políticas Públicas y profesora del CEPHCIS y la ENES Mérida.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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