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Francisco J. Rosado May
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Martes 30 de julio, 2019

El domingo 28 de julio concluyeron los 51 Foros de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Se llevaron a cabo en 28 estados; solo falta el foro en Los Ángeles para escuchar la voz de los indígenas migrantes en Estados Unidos.

Es altamente probable que, aun con las particularidades de cada región, emerjan problemáticas y propuestas semejantes; ya lo establecerá el grupo de personas que sistematizará los resultados. Los foros también son una excelente fuente de otro tipo de información que muy posiblemente no van a sistematizar pero que no se debe soslayar; están emergiendo elementos que reflejan los retos enormes que el proceso de reconocimiento a los pueblos indígenas no debe pasar desapercibidos. Me explico con base en las observaciones y análisis del foro en Felipe Carrillo Puerto.

La población indígena en Quintana Roo, de acuerdo con el conteo de Inegi de 2015, es poco más del 44 por ciento del total de la población. Pero no lo parece, tal y como se ha analizado en entregas anteriores. El incremento notorio al porcentaje de población indígena no solo es por la flexibilización de los criterios; ya no es solamente la lengua originaria, ahora se toma en cuenta la auto adscripción.

Más y más personas se auto adscriben como indígenas, lo cual es una evidencia clara de un cambio diametral en el ocultamiento de identidad. Muy posiblemente el porcentaje incrementará en el censo de 2020.

El reconocimiento a la población indígena es una etapa a la que se ha llegado después de otro proceso que combina la férrea resistencia con la resiliencia que los pueblos han tenido para conservar sus usos, costumbres, lengua, cultura, gobernanza, saberes, transmisión de conocimientos, etc. Ahí están los ejemplos de la mal llamada “guerra de castas” en Yucatán y el levantamiento del EZLN. Ahí están los estudios que demuestran que la cultura y lengua Mayas aún están vivas y vibrantes, con procesos de adaptación e innovación como elementos de su resiliencia. Hasta hace algunos años el conteo oficial consideraba que la población indígena no rebasaba el 15 por ciento o el 25 por ciento, dependiendo de la metodología. La resistencia y resiliencia hicieron posible que hoy más del 44 por ciento de la población en Quintana Roo se reconozca como indígena, y seguirá creciendo.

Pero el aumento en el porcentaje no es todo el reconocimiento que se debe tener. La creación y aplicación de derechos en todos los ámbitos son también uno de los resultados de ese reconocimiento. Los foros contribuirán a lograr ese siguiente paso: nuevas y mejores leyes para reflejar con mayor nitidez el reconocimiento. Pero sería incorrecto asumir que al lograr nuevas leyes se logre también un mejor y mayor reconocimiento. Y esto no es algo menor.

Las nuevas leyes sin duda permitirán una mayor visibilidad y reconocimiento, pero deben traer consigo discusiones que no serán fáciles de llevar a cabo; temas difíciles que hay que afrontar y consensuar. Si los foros no fueron fáciles de organizar y sistematizar, preparémonos para lo que sigue.

No tengo la menor duda que, por ejemplo, se establezca que debe haber representatividad indígena en los órganos de elección popular. ¿Será suficiente que alguien que se auto adscriba como indígena sea candidato o candidata? No lo creo, pero ¿Cómo definir los criterios? ¿Quien se echa la responsabilidad de hacerlo? ¿Cómo facilitar esta discusión? ¿Bajo qué metodología se lograría el consenso?

Otro ejemplo. Asumiendo que se establece por ley la participación de los pueblos en la definición del tipo de educación en sus comunidades, ¿quién tendría la responsabilidad? ¿Se va a privilegiar un enfoque intracultural o intercultural o convencional? ¿Quién y cómo se tomarán las decisiones?

Otro ejemplo. Asumiendo que las nuevas leyes fortalezcan la gobernanza indígena, local, para la impartición de justicia, ¿quién determina las leyes que guiarán el proceso de gobernanza y arreglo institucional? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién y cómo se organizaría el proceso para definir las nuevas reglas de gobernanza? ¿Quién y cómo se tomarán las decisiones?

En otras palabras, después de la etapa de resistencia y resiliencia, que nos condujeron a la etapa de reconocimiento (las tres R que explican, hasta ahora, la historia de los pueblos indígenas), se presentan numerosas interrogantes; la debida atención a esas preguntas demanda, exige, una preparación que no hemos tenido hasta ahora.

Se necesitan condiciones para los cuales debemos prepararnos. Para lograrlo se debe construir, al menos, un marco teórico, metodológico y epistemológico. Esta construcción necesita la deconstrucción y/o innovación de paradigmas existentes, sin lugar a duda.

Una tarea de esta naturaleza requiere de la participación de los mejores hombres y mujeres, de México y del mundo. La institución u organizaciones sociales que tengan esta responsabilidad deben cuidar que los integrantes sean verdaderos conocedores, con experiencia, con compromiso social y con altos valores éticos. Es decir, los responsables deben tener una formación sólida que resista al más fuerte embate de intereses opuestos a los que necesita el movimiento de reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos en nuestro país. Se debe exigir que no se inmiscuyan personas oportunistas que se hacen pasar como expertos sin serlo y sin contar con el sólido respaldo ético en su devenir profesional y personal.

La etapa de reconocimiento para los pueblos indígenas no será nada fácil, pero no podemos darnos el lujo de fracasar. Sin las bases y desarrollo sólido de la etapa de reconocimiento el único futuro para los pueblos sería su extinción; por eso los estándares deben estar a la altura del reto.

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