¿Nueva realidad para los archivos?

Texto y foto: Felipe Escalante Tió
La Jornada Maya

Martes 11 de junio, 2019

El próximo lunes, la administración pública en sus tres órdenes y niveles estará ante una nueva realidad legal que obliga a efectuar una transformación de todas las dependencias y oficinas de gobierno. Digo lunes, porque la mayor parte de la burocracia saldrá de laborar en viernes y la Ley General de Archivos entrará en vigor el sábado.

La nueva norma es un desafío al país por lo ambicioso de sus planteamientos. No sólo pretende homogeneizar la organización, conservación y preservación de los archivos, sino que también establece que todos los sujetos obligados –todos aquellos entes o personas que reciben dinero público para sus actividades– cuenten con un área coordinadora de archivos que sea la encargada de crear las herramientas de gestión documental, manuales de organización, regular los procesos de creación de expedientes y proporcionar capacitación a los encargados de los archivos de trámite, concentración e históricos, si fuera el caso.

En otras palabras, la norma marca que cada dependencia, ayuntamiento, sindicato, universidad o centro de investigación, cuente con una estructura de archivos profesional.

La nueva Ley General de Archivos estuvo en discusión bastante tiempo. Entre la presentación de la iniciativa, la realización de foros regionales se consumieron casi tres años. Estaba por aprobarse en noviembre de 2016 cuando fue objetada en el Senado por historiadores, especialistas en archivos y asociaciones vinculadas con el derecho a la información y la transparencia. Fue hasta el año pasado que se aprobó una nueva versión.

La ley es ambiciosa, y debiera ser benéfica para todos. Sin embargo, es un hecho que los 365 días transcurridos entre su aprobación y su entrada en vigor fue un tiempo insuficiente para operar un cambio cultural que resaltara la importancia de los archivos tanto para la misma administración pública como para la ciudadanía, y para dejar de manifiesto su vulnerabilidad.

Por mencionar algunos casos, en enero de este año se incendió el archivo comunal de Santa María Petapa, Oaxaca; un hecho no esclarecido y que pone en riesgo las tierras de esa comunidad. El 11 de marzo,[i] La Jornada Zacatecas[/i] dio a conocer que la Universidad Autónoma de dicho estado había desechado colecciones completas de documentos con valor histórico, y vendido las tesis de sus propios egresados a una empresa recicladora de papel. Pareciera que estamos ante un péndulo; por un lado, se sabe del valor del archivo como sustento del patrimonio material de las sociedades, y por eso se le ataca; del otro, hay quien sólo alcanza a ver “papeles viejos”, y destruye aquello que es incapaz de comprender.

[b]Falta de voluntad política en la península[/b]

¿Cómo toma Yucatán esta nueva ley? Es posible que sin los riesgos que hay en otras entidades, aunque históricamente se han dado varios ataques a los archivos. Hojeando el libro [i]Guía y joyas de los archivos de Mérida[/i] (ICY/Adabi, 2005), es posible ver que varios de ellos, en especial los particulares, han desaparecido o ya no están disponibles al público, como ocurre con la colección de Nicolás Urcelay o la que existía en el Museo de los Ferrocarriles. Otros, como el de la Arquidiócesis, han cambiado de sede, y otro como el entonces Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, va por un nuevo cambio de nombre, perdiendo la identificación que tenía con sus usuarios. En pocas palabras, el mundo de los archivos es de lo más inestable.

Por otro lado, es práctica general destinar muy poco espacio al resguardo documental. El área de archivos suele ser una bodega completamente cerrada y con poca o nula luz. En el medio peninsular, con sus altas temperaturas y elevado índice de humedad ambiental, son condiciones favorables para la aparición de hongos y otras plagas que atacan el papel. Si a eso añadimos una construcción de mampostería, se eleva el riesgo de contaminación.

Tendremos que añadir un nuevo elemento que hasta hace poco no era tomado en cuenta: hay poca o nula preocupación por la gestión de documentos electrónicos, algo que la Ley General de Archivos ya considera.

Corre tiempo ahora para que los congresos locales adecúen su normativa de archivos a la nueva Ley General. Tienen un año para ello, so pena de incurrir en desacato… ¿será que ésta sea una de sus preocupaciones?

En suma, en la península hacen falta voluntad política para hacer efectiva la nueva ley, pero también que exista el interés de la ciudadanía y de la comunidad de investigadores por promover el cambio cultural en cuanto a la concepción de los archivos. Ahora bien, ¿habrá los recursos suficientes para dignificar los espacios destinados a los archivos, profesionalizar a su personal e incluso aumentar la plantilla laboral? En tiempos de la austeridad republicana y cuando se ve que la 4T hace agua en frentes como las becas a deportistas de alto rendimiento, a médicos residentes, o medicamentos para hospitales, se antoja que los archivistas seguirán picando piedra y que la nueva ley habrá nacido muerta.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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