Ley de seguridad interna, ¿necesaria?

Carlos Meade
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Viernes 8 de diciembre, 2017

Me llama la atención que en los análisis en torno a la propuesta de Ley de Seguridad Interior existen escasas referencias a las causas de fondo de esta iniciativa.

En una revisión mínima del problema de la inseguridad tenemos que reconocer que las fuerzas armadas están en la calle con el supuesto objetivo de enfrentar a las bandas del narcotráfico, ya que la policía no ha podido con ellas. A su vez, esas bandas existen por la política de prohibición de las drogas que genera un mercado negro, el cual maneja recursos que se calculan en 30 mil millones de dólares anuales.

La enorme capacidad de corrupción de los cárteles ha llegado a conformar un narco estado, ya que el dinero del narco se riega entre policías, fuerzas armadas, gobernadores, legisladores y gobierno federal.

Después del fracaso de 10 años de guerra contra las drogas no es difícil concluir que combatir la inseguridad debe pasar, obligadamente, por cambiar el marco jurídico prohibicionista.

El fondo de la problemática es, de hecho, la política prohibicionista. La arbitraria prohibición de ciertas sustancias y persecución de quienes las producen, comercian o consumen, lo que ha generado 250 mil muertes y 30 mil desaparecidos en los últimos 10 años.

No es posible despenalizar el secuestro, pederastia, trata de blancas o tráfico de órganos. Estos delitos hay que perseguirlos. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, perseguir igual a los consumidores de drogas ilícitas es estúpido. Es como si se prohibiera el tabaco, alcohol o Coca Cola, que son drogas más letales que la mariguana, y luego se combatiera con fuego el mercado negro que irremediablemente se va a generar.

Se ha dicho hasta el cansancio que es muy complejo pasar de la política prohibicionista a una política de despenalización. ¿Fue muy difícil derogar la Ley seca y terminar con los gangsters en los Estados Unidos? ¡No! Sólo se elaboró una propuesta de ley, se llevó al Congreso, se aprobó y punto. Ahora el alcohol es legal y el mercado negro ya no existe.

Todas las posturas que se resisten a la despenalización tienen endebles y sesgados sustentos, además de ser sospechosas de complicidad. Sólo un interés económico puede explicar la resistencia a dar un nuevo marco jurídico a la producción, comercio y consumo de drogas actualmente ilícitas. Resulta muy conveniente al bolsillo estar en el presupuesto del narco.

La sociedad padece el fuego cruzado de una guerra imposible de ganar, con un enemigo infiltrado y el relevo constante de las cabezas que logran ser atrapadas o liquidadas. Esta guerra sólo justifica la acción del Estado ante los ciudadanos incautos, mientras los encargados de la seguridad (desde el presidente hasta el policía de a pie) se benefician del reparto de utilidades.

¿Cuál es el motivo de esta prohibición? ¿Es que acaso los consumidores son una amenaza para la seguridad interior? ¿Es que el estado debe tutelar, de manera paternalista, la salud de los ciudadanos? Si es así, que prohiban la comida chatarra, tabaco, refrescos embotellados, alcohol. Sería una tontería, igual que es una tontería la prohibición de la mariguana, cocaína, opio y sus derivados. Los ciudadanos somos quienes debemos decidir qué bebemos, comemos, fumamos y el Estado debe garantizar esa libertad de elección, no limitarla y penalizarla de acuerdo a criterios absurdos o a imposiciones de gobiernos extranjeros.

Si la guerra contra las drogas trae más problemas que soluciones es necesario cerrar ese capítulo y pasar a una nueva estrategia. Un clima de inseguridad permanente, retenes en todas las carreteras, regiones completas del país tomadas por los narcos y balaceras a plena luz del día ilustran cómo esta guerra se pierde cotidianamente.

Hay que devolver las tropas a sus cuarteles, levantar la prohibición, establecer mecanismos de regulación de las sustancias adictivas y crear programas de prevención del consumo y de apoyo médico, y sicológico, para adictos.

Invirtamos la fórmula: si no hubiera política prohibicionista no habría mercado negro; sin éste, no habrían bandas del narcotráfico; sin éstas, no sería necesario sacar las tropas de los cuarteles para intentar guardar la seguridad pública; si el Ejército y la Armada no combatieran a las bandas del crimen organizado, no sería necesario contar con una nueva Ley de Seguridad Interna, a menos que ésta se piense para objetivos de control del creciente descontento social.

Basta de balas. Necesitamos una pizca de sensatez para terminar con la principal causa de fondo de la inseguridad que padecemos.

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