El filo de la política del bienestar

Carlos Meade
Foto: Afp
La Jornada Maya

Jueves 7 de septiembre, 2017

Se alarman funcionarios y empresarios turísticos de que en los Estados Unidos se alerte a sus ciudadanos sobre la inseguridad que prevalece en algunas regiones de nuestro país. Se condena esa práctica informativa que afecta a la inversión extranjera y muy especialmente al turismo.

El gobierno gringo está en todo su derecho de alertar a sus conciudadanos que tienen pensado invertir o vacacionar en México. Lo hace con base en la información que se genera en nuestras ciudades, carreteras y destinos turísticos. Somos nosotros los que tenemos que preguntarnos sobre las causas de la violencia en lugar de acusar de alarmista y aguafiestas al gobierno estadunidense.

¿Quién puede negar que en México se vive una crisis en la seguridad pública? Los organismos empresariales se empeñan en jugar al avestruz a pesar de que las cifras no mienten y nos muestran una curva ascendente de asesinatos y desapariciones que se dispara a partir de la guerra que Calderón declaró a las drogas y que Peña Nieto convalidó y prolongó; con el resultado de que no ha disminuido el consumo, ni el trasiego, que los cárteles no han desaparecido, sino que se han multiplicado y que el número de muertos y desaparecidos nos coloca entre los países más violentos del mundo, junto con Afganistán, Iraq y Siria.

Los desalojos a punta de pistola en playas de Tulum, las balaceras en la Quinta de Playa del Carmen, tiroteos y persecuciones en Cancún son parte de un escenario que, lamentablemente, se empieza a hacer cotidiano en nuestro estado.

Con el dominio territorial de algunos cárteles, la práctica del cobro de derecho de piso se ha convertido en un impuesto ineludible para pequeños empresarios a lo largo de la Riviera Maya. ¿Cómo los empresarios pueden decir que las previsiones y alertas del vecino del norte son injustificadas?

Sería más lógico que el poder empresarial se enfocara en atacar las causas de fondo de la crisis de seguridad pública: la guerra contra las drogas, cuya verdadera solución es la despenalización, ya que así desaparece el mercado ilegal y disminuye la violencia asociada.

Es difícil pensar que la demanda de drogas desaparezca. A lo largo de la historia de la humanidad los pueblos han consumido todo tipo de sustancias enteógenas con fines rituales, de conocimiento o recreación. Han sido y siguen siendo parte consustancial de las culturas humanas.

Para mejorar la seguridad pública será necesario dar un giro rotundo a la política sobre las drogas. De otra manera, seguir sacudiendo el avispero sólo empeorará las cosas como se ha visto y vivido durante estos años de la guerra contra un enemigo que, vía corrupción, está infiltrado en nuestras instituciones de seguridad.

El manejo de sustancias que tienen un efecto psicotrópico es de por sí delicado. Lo ha sido a lo largo de siglos. Criminalizar las drogas cierra los caminos a una regulación, además de condenar a los usuarios a la marginalidad y delincuencia. Criminalizar genera violencia, no ayuda a manejar la problemática y termina por favorecer a los cárteles y a sus cómplices dentro del gobierno o a la iniciativa privada, pues entre más persecución a las drogas más alto su precio.

¿Estarán dispuestos los empresarios afectados por la inseguridad a denunciar las causas de fondo de la violencia y a exigir un giro en la política sobre las drogas? Lo dudo.

El argumento moral que muchas veces se plantea ante la legalización, desde la derecha empresarial, se anula en sí mismo, pues si hubiera congruencia con principios morales que condenan la drogadicción como conducta pecaminosa, esos desplantes moralinos deberían abarcar al alcohol, tabaco y exigir su prohibición.

Finalmente, resulta indefendible la postura de tolerar el alcohol y tabaco y condenar la mariguana ahora que se sabe que aquéllos son mucho más letales a la salud que la cannabis, la cual incluso está siendo usada en infinidad de tratamientos médicos, debido a sus cualidades curativas.