No al fiscal carnal, no más simulación

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Martes 5 de septiembre, 2017

Una frase convertida en hashtag galopa por las redes sociales: "No al fiscal carnal". Es decir, al fiscal cuate de Enrique Peña Nieto y su gabinete, así como de los empresarios y transnacionales coludidos con su gobierno en los buenos negocios durante su sexenio.

No al fiscal carnal en la próxima Fiscalía General de la República (FGR). Como se sabe, la próxima FGR será un órgano constitucional encargado de la procuración de justicia a través de la investigación y persecución de delitos de orden federal, pero el presidente Enrique Peña Nieto la quiere a modo, para que le cubra sus espaldas y las de sus demás cómplices en el gobierno.

En días pasados más de doscientos representantes de organizaciones civiles, académicos, profesionistas y empresarios se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir que se reforme el artículo 102 constitucional y sea viable la posibilidad de crear una Fiscalía General Autónoma. Autonomía sin la cual, no habrá ninguna posibilidad de que la futura FGR investigue al presidente saliente y a su gabinete.

Como ya se sabe, el líder priísta Enrique Ochoa hizo pública la posición de su partido para que el procurador general, Raúl Cervantes, se convierta en el fiscal general por nueve años. En pocas palabras, el PRI quiere un fiscal a modo y ya obtuvo la complicidad de Felipe Calderón y sus secuaces, temerosos de que también les pueda caer la guillotina de la justicia en el futuro gobierno federal por aquello de los negocios con OHL, Odebrecht o con otros intereses extranjeros transexenales y beneficiarios de las reformas.

Para ello, necesitan aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía y el PRI sólo requiere el apoyo de algunos senadores y diputados de otros partidos. Entre los senadores que se dejaron cooptar, se encuentran Ernesto Cordero y Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth, todos panistas y ex funcionarios federales durante el gobierno de Felipe Calderón. No casualmente.

Como se sabe, la Procuraduría General de la República (PGR) ha servido para ser tapadera del poder, para garantizar impunidad a la élite gubernamental y empresarial. Para darles garantías de que ninguno de sus miembros, salvo que el presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos en la administración pública o de sus negocios con dinero público.

Es de esta manera que la corrupción ha quedado blindada a través de un pacto de impunidad que se transmite sexenio tras sexenio, y claro, la ley sólo se aplica a los detractores de quienes gobiernan, a sus críticos: son los únicos que pueden ser sancionados con expedientes urdidos en sentinas de las procuradurías.

De allí que se insista en que la próxima FGR, órgano constitucional encargado de la procuración de justicia a través de la investigación y persecución de delitos de orden federal, goce de autonomía plena para alejar la procuración de justicia de la presión de los poderes políticos. Del cuatismo y compadrazgos políticos. Del pacto de impunidad.

Hay quienes advierten que para que dicha autonomía se cristalice en una nueva institución como la Fiscalía, es imprescindible incorporar salvaguardas para que la de FGR no nazca coja y tuerta por un titular simulador, enviado a ser la nueva tapadera del poder. Desde luego, una Fiscalía autónoma no se puede construir con los despojos de una PGR y su personal conocidos por sus malas mañas. Es, además, un proceso que exige trabajo y organización institucional que no se lo logrará de un día para otro. Llevará muchos años.

Por eso se advierte contra el proceso de selección actual contemplado en el artículo 102 el que considera que quien ocupe el cargo de procurador general de la República pasará en automático a ser el primer titular de la Fiscalía por un período de nueve años.

Este hecho ha generado inconformidad en la sociedad porque la autonomía no se reflejaría en la nueva institución si el actual procurador, Raúl Cervantes (como quiere el PRI), es elegido en automático como el fiscal general de la República. Este acto sería una simulación, evidentemente; otro acto de simulación por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno más, como su quinto informe, o las estadísticas de pobreza del Inegi y el Coneval.

Como advierte Anaid García Tobón en un artículo publicado en Animal Político e investigadora de la UNAM, la sociedad civil pidió que no hubiera un pase automático de la PGR al nuevo fiscal general de la nación cuando se dé la transición. Sin embargo, a la fecha no se ha conseguido dicha modificación, por ello puntualiza: “las organizaciones de la sociedad civil presentamos el pasado 29 de agosto una propuesta de reforma al artículo 102, que promueve un proceso de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito, además de la reducción del cargo de nueve a seis años sin posibilidad de reelección, para que con ello se evite la influencia presidencial".

Pero claro, el PRI y sus aliados pretenden que la simulación y la vacía retórica que los ha distinguido a lo largo de décadas sean lo que siga prevaleciendo en el país ante su temor, nada infundado, de terminar procesados en un futuro cercano, por las numerosas fechorías cometidas desde el poder.