Lo que falta por hacer

Normando Medina Castro
Foto: Eduardo de Luna
La Jornada Maya

Jueves 13 de febrero, 2020

La inseguridad y la violencia que afectan gravemente al país no puede combatirse con eficiencia sin adecuar el marco legal y las estrategias, sanear las corporaciones policiales y las instituciones encargadas de la procuración y la administración de la justicia, a la par que se adoptan las medidas necesarias para atacar las causas.

Uno de los delitos que más han crecido en los últimos periodos sexenales de gobierno es la extorsión, convertida en cobro ilegal de derecho de piso por la delincuencia organizada, que ha permeado nuestra sociedad hasta sus cimientos y se extiende cada día más afectando el patrimonio y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Diferente al negocio ilegal de enervantes en el que ingresan quienes deciden hacerlo.

Por eso cobra importancia la propuesta que desde finales del año pasado viene haciendo el senador de Morena, Martí Batres, para tipificar la extorsión como delito grave e incluirlo en el Artículo 19 de la Constitución Política de México porque afecta la economía, la seguridad y la integridad física de los ciudadanos.

El legislador advierte que tras la modificación de la Constitución se adecuarán en consecuencia, los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para contar con los mecanismos legales para castigar e inhibir la grave afectación del cobro de derecho de piso ilegal bajo amenazas y el empleo del terror en contra de la ciudadanía, empresarios, comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios.

Es altamente positivo que Batres utilice su liderazgo, aún sin la dirigencia de la Mesa Directiva del Senado, y ponga el dedo en la llaga que tanto daño ha causado y sigue causando a prácticamente todo el país, que implica además la complicidad de gobiernos y las corporaciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Las víctimas siempre han estado solas y a sus solicitudes de auxilio, las autoridades simplemente no responden, ni con prontitud ni con deseos de castigar a los autores de los ilícitos. Hay muchas historias de asesinatos cometidos en contra de quienes se negaron, en su momento, a ceder a la extorsión y denunciaron el delito.

Martí Batres, según publicó El Financiero el 22 de diciembre del año pasado, señala que la extorsión es un delito que se comete en el ámbito público y en el privado. Destacó que es el segundo mayor delito cometido en México, solo por debajo del robo y el asalto, y citó como ejemplo que en 2017 de un total de 33.6 millones de ilícitos, 6.6 millones corresponden a la extorsión, lo cual representa una altísima tasa de siete mil 719 casos por cada cien mil habitantes.

Junto con la modificación legal que implica la tipificación de la extorsión como delito grave, tendrían que tomarse las medidas necesarias para castigar también a las autoridades omisas y cómplices que tienen participación en el auge de ese ilícito, así como a los ministerios públicos y fiscales, jueces, etcétera que de manera individual o concertada liberan a los delincuentes que una vez libres buscan dañar aún más a sus víctimas.

Es penoso que los opositores del gobierno federal se rasgan las vestiduras cuando hay acciones concretas para sanear fiscalías y el poder judicial. Ponen el grito al cielo y hablan de ataques a la democracia y a la división de poderes. Son los aliados de facto de jueces y magistrados corruptos. Paradójicamente, cuando el magistrado Francisco Olea favoreció al ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, en contra del periodista y académico Sergio Aguayo, esos mismos conservadores culparon a la 4T “por permitirlo”. La absurda exigencia: repara todo pero no toques nada. Lo cierto es que el caso demuestra la necesidad de que las instancias correspondientes investiguen los conflictos de interés, el enriquecimiento ilícito y la corrupción en el poder judicial.

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, ganó el amparo para no ser trasladado de nuevo al Ceferepsi del Estado de Morelos. El ex mandatario estatal con los requisitos para recibir la prisión domiciliaria, por su edad superior a los 70 años y las enfermedades crónicas respiratorias que padece. No es una dádiva, es su derecho. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministro de la Suprema Corte del país y conocedora de la jurisprudencia sobre el tema, ha expresado que Villanueva debe recibirla, sin embargo el juez que ventila el asunto le ha negado el beneficio e incluso ha solicitado su traslado al penal de Morelos.

También el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó abiertamente su apoyo para que el ex gobernador abandone la prisión y vaya a su casa. Su enfrentamiento con poderosos políticos y empresarios como el ex presidente Ernesto Zedillo y Roberto Hernández, como los más visibles, le ha costado muy caro a Villanueva Madrid, usado por la oposición al PRI como trofeo y ejemplo de corrupción haciendo escarnio de él. El PRI, su partido, lo abandonó y en muchos casos también lo estigmatizó. Por tratarse de un ex gobernador del PRI fue condenado desde antes del juicio y fue linchado públicamente en la campaña que llevó al PAN a ocupar la presidencia de México con el inefable Vicente Fox, derrotando al PRI con el beneplácito del entonces presidente de México Ernesto Zedillo, tras 70 años de gobierno tricolor. Se le acumularon al pagote ideal de los excesos priístas, acusaciones sin evidencias sólidas, con testigos protegidos capaces de decir lo que sea con tal de recibir beneficios. Miles y miles de fojas acumuladas aderezadas con una campaña mediática implacable. Era más cómodo, fácil y redituable, simular, lincharlo y declararlo culpable sin investigar a fondo.

Cada vez son más las voces de ciudadanos de Chetumal que manifiestan su malestar por la inseguridad y la violencia que afectan a la capital quintanarroense. El dirigente de los taxistas, Sergio Cetina, denunció que han sido imparables los atracos a los trabajadores del volante para despojarlos de lo poco que obtienen, 300 pesos en promedio. Reflejo del nivel de la descomposición social y la falta de empleos y desarrollo en el centro y sur de la entidad. En fin, son cosas que pasan en el país y en nuestro caribeño estado.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
[b][email protected][/b]