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Editorial

Es ya inocultable y alarmante la falta de control sobre la delincuencia por parte de las autoridades de Tamaulipas, como lo prueba la masacre de 19 personas perpetrada el domingo pasado en Reynosa.

Aunque las circunstancias requieren una intervención rápida y contundente de las instancias encargadas de esclarecer, procurar e impartir justicia, en el ámbito local persiste desde hace años un grave dislocamiento institucional, con una corporación policiaca estatal sin credibilidad y una fiscalía incapaz de hacer frente a sus tareas en materia de esclarecimiento y procuración.

 

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Esta lamentable situación se ha visto agudizada por el reciente desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados, la contramedida correspondiente del Congreso tamaulipeco y la indefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante ese diferendo. La carga de ilegitimidad que pesa sobre el mandatario se ha extendido a otros ámbitos de su administración y al legislativo estatal, mientras la aparatosa resistencia de García Cabeza de Vaca a la orden de aprehensión que fue girada en su contra desvaneció toda posibilidad de un funcionamiento mínimamente eficaz ante la criminalidad por parte de las fuerzas policiales bajo su mando, toda vez que parte de ellas fueron destinadas a garantizar que el funcionario no pudiera ser detenido.

 

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En este contexto, y en tanto se resuelve la circunstancia legal del gobernador y se encuentra una solución para reconstruir la estabilidad política en Tamaulipas, es que se presenta la atracción solicitada este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de esclarecer la masacre del domingo, y buscar la sanción correspondiente a los responsables. De acuerdo con la información disponible, tal solicitud fue atendida ayer mismo. Cabe recordar que para recurrir a la facultad de atracción basta con la presunción de que se cometió un delito del fuero federal en el hecho investigado, como lo sería la portación de un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas por parte de un presunto participante en los homicidios que fue detenido.

 

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Más allá de este terrible episodio, es claro que Tamaulipas debe recuperar a la brevedad el funcionamiento normal de sus instituciones de seguridad pública y de justicia, así como la coordinación y trabajo conjunto en esos ámbitos con las dependencias nacionales.

En tanto persista la confrontación de García Cabeza de Vaca con la federación, seguirán agravándose la ruptura del estado de derecho, la inseguridad y la violencia en esa entidad del noreste de la República.

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Edición: Ana Ordaz 


 

 

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