Opinión
La Jornada Maya
17/08/2026 | Mérida, Yucatán
En los ámbitos de corporaciones, negocios e instituciones, uno de los mayores capitales con los que se puede contar es el prestigio, pues este se sustenta en la obtención constante de buenos resultados en los fines que se persiguen, y esto implica que se siga una cultura de fomento a la innovación, investigación, mejora continua, entre otros rubros organizacionales.
El prestigio, suele decirse, lleva tiempo en construirse y puede perderse en un momento. En lo que respecta a instituciones educativas, “rankearse” entre las mejores suele llevar varias décadas.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lleva un tiempo enfrentando crisis que, una vez más, han puesto en entredicho el prestigio que por momentos se ha resquebrajado a punta de escándalos, como el del plagio de tesis. Ahora la polémica se originó en lo que fue un intento por innovar en la aplicación del examen de admisión a sus programas de licenciatura. La idea de que la prueba fuera en línea perseguía que más aspirantes pudieran presentarla, e incluso un ahorro de tiempo en la calificación de los reactivos.
Sin embargo, entre la cantidad de aspirantes inscritos, la existencia de redes para realizar trampas en los exámenes y deficiencias por parte de la empresa que diseñó la plataforma, los resultados fueron de lo más irregular. Esto debe atribuirse a fallas por parte de la UNAM, que se han querido corregir con una nueva evaluación “de control”, pero ahora presencial, aplicable a quienes resultaron aprobados en la prueba en línea, incluso si ya contaban con un documento de aceptación para el próximo curso escolar.
Pero al volver al esquema presencial, la UNAM aplicó otro filtro al examen, además del resultado ya obtenido: el dinero que los aspirantes y sus familias debieron reunir en unos cuantos días para trasladarse a la sede que les fuera asignada. Cabe señalar que la llamada máxima casa de estudios no habilitó todas sus sedes, lo que pudo traducirse en un gasto menor para el estudiantado, y que era lo que perseguía la prueba en línea.
En Yucatán se dio el caso de que el gobernador, Joaquín Díaz Mena, gestionó que la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) instalada en la entidad pudiera ser sede del examen, considerando que cerca de 80 aspirantes residentes en el estado pretendían ingresar a este plantel, aparte de que pudo ser un viaje de menor costo para otras personas del sureste. En cambio, ante la negativa de la UNAM, optó por brindar el apoyo cubriendo los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de estos estudiantes. La acción del gobierno es justa, pero no deja de ser una afectación a las finanzas públicas estatales; un gasto fuera del presupuesto. Enviar el examen a Mérida y encargar la vigilancia al personal docente de la ENES era una opción mucho menos onerosa.
Por otro lado, la acción de la UNAM favorece, indirectamente, a instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ha lanzado un mensaje en el que subraya que no aplica “examen de exclusión”. Ahora, siendo ambas casas públicas de estudios superiores, lo contradictorio es que una haga por minar el prestigio de la otra.
De nuevo, una prueba de ingreso no es, por sí sola, excluyente. Sí es, en cambio, una competencia que exige preparación. Pero lo que sí es discriminatorio es obligar a quienes ya habían aprobado -como hubiera sido- a desembolsar cantidades que pueden poner en riesgo la estabilidad y el bienestar de muchas familias.
Los exámenes de este año en la UNAM han contribuido a una nueva crisis, de la que su respuesta será sumamente importante. El proceso realizado este año debe llevar a que, en unos cinco años, México cuente con una generación de profesionistas que estuvo a la altura del reto de presentar el triple filtro que se aplicó: en línea, por situación económica y por prueba de control; pero también es de esperar que, en los próximos años, el proceso de selección sea menos oneroso para los aspirantes.
Edición: Estefanía Cardeña
