La venta al público de gas licuado de petróleo (gas LP), el de uso doméstico generalizado, ha estado históricamente definida y dominada por los intereses de las propias empresas productoras y distribuidoras, con una incesante desatención al público (con frecuencia, maltrato y prepotencia de los operadores de los vehículos de reparto o en las oficinas administrativas, en cuanto a quejas), prácticas fraudulentas por sistema y acuerdos de las cúpulas de ese negocio para imponer precios y condiciones de servicio.
Este 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), "que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales".
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La CRE es presidida por Leopoldo Vicente Melchi García, ingeniero químico veracruzano de larga trayectoria en tareas relacionadas con Pemex, pero no en cuanto a mercados de gas y energéticos. Melchi tiene cercanía con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y fue designado por el Senado el 17 de octubre de 2019, a partir de una terna propuesta por la Presidencia de la República.
La fijación de precios máximos de venta al público tendrá una duración de seis meses, conforme al acuerdo mencionado. Pero ayer mismo se produjo un paro de labores de vehículos de distribución del gas LP, en específico los llamados “comisionistas” (sin regulación legal) que reciben el producto a un precio y luego lo ofrecen al público (al estilo del crimen organizado, hay zonas reservadas para ciertas empresas y suele aplicarse violencia a quienes las “invaden”).
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El litro de gas LP estaba a 15.39 pesos la semana pasada y ahora tiene como tope 11.52. Los “comisionistas” lo compran en 11 pesos, así que ahora sólo se quedan con 52 centavos por litro, contra los 4.39 anteriores. Además, el pasado 7 de julio el Presidente de la República anunció la creación de una empresa gubernamental, Gas Bienestar, que en tres meses (a partir de la declaración hecha en la mañanera) podría iniciar tareas en la Ciudad de México, por lo pronto.
Al anunciar la creación de Gas Bienestar, el Presidente declaró: “Y dicen ‘es libre mercado’. No, porque no hay competencia; es la libertad, pero del zorro en el gallinero; eso es, porque no hay nadie que regule, y se trata de el bienestar del pueblo, es la economía popular”.
Ayer mismo, Kimberly-Clark México, Alsea y Herdez anunciaron que subirán los precios de sus productos a escala nacional. En una nota de Miguel Ensástegui se reportó que “los aumentos serán resultado de la escasez de materias primas, al igual que por el encarecimiento de insumos básicos para su producción, como el gas, papel o pollo, según informaron los directivos de las empresas ante inversionistas”. Recuérdese que Kimberly-Clark de México es la empresa que fue dirigida durante largos años por el salinista Claudio X. González Laporte (ahora lo hace su hijo, Pablo), padre del destacado activista contra el gobierno obradorista, Claudio X. González Guajardo.
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A este escenario bajo amenaza de inflación económica y de acciones empresariales de “resistencia” llega Rogelio Ramírez de la O, a quien ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en dictamen, que debe ser luego validado por el pleno, el nombramiento de secretario de Hacienda, que en los hechos ya ejerce ante la salida de Arturo Herrera. Ramírez de la O hizo en ese contexto sus primeros pronunciamientos públicos y planteó cuatro puntos a desarrollar, pero destacó que “en el corazón del proyecto económico se encuentra el combate a las desigualdades y la pobreza. Como dice el presidente López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres”. ¡Hasta mañana!
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Edición: Ana Ordaz
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