El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la deportación expedita de miles de haitianos que buscan asilo en el país vecino apelando a un mandato de emergencia emitido en marzo del año pasado por su antecesor, Donald Trump, que autoriza la expulsión inmediata de migrantes sin darles la posibilidad de solicitar refugio en territorio estadunidense.
En horas recientes, más de 450 oriundos de Haití que permanecían en la localidad texana de Del Río fueron deportados en vuelos desde Laredo y San Antonio hacia Puerto Príncipe.
A contrapelo de sus promesas electorales, el demócrata endurece la política migratoria en todos los frentes: tanto en la negación de audiencia a los peticionarios de asilo como en las restricciones adicionales de ingreso a Estados Unidos, con el pretexto de combatir la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.
Así, Washington anunció que pedirá a todos los extranjeros que pretendan visitar el país que cuenten con un esquema de vacunación completa y presenten una prueba negativa de Covid-19 realizada en los tres días anteriores al vuelo. En cuanto a los ingresos terrestres desde México y Canadá, la prohibición de viajes no esenciales –también impuesta por Trump– se prolongará cuando menos hasta el 21 de octubre.
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Lo anterior forma parte de una estrategia de contención de la pandemia que ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud por ineficaz y que refuerza, para colmo, la idea xenófoba y errónea de que es posible librarse de los contagios cerrando las fronteras nacionales.
Por si no fuera suficiente con las restricciones migratorias y sanitarias, el Departamento de Estado aplica además vetos en razón de fobias políticas.
Ayer cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador y dos altos funcionarios de Guatemala fueron incluidos en una lista negra de aquellos a quienes se niega la visa porque, a juicio de Washington, “atacan las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica”, en alusión a la forma en que los jueces salvadoreños fueron designados tras la remoción de los anteriores integrantes de la Corte Suprema y a los actos de corrupción atribuidos a los dos guatemaltecos.
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Si bien es cierto que todo gobierno nacional tiene derecho de admitir o rechazar a extranjeros en su territorio, el caso de Estados Unidos es particular, pues allí tienen su sede una diversidad de organismos internacionales; al prohibirle a una persona su ingreso a territorio estadunidense, el Departamento de Estado ejerce además un veto de facto para la participación del afectado en foros como el de las Naciones Unidas, cuyo edificio central se encuentra en Nueva York.
Así pues, lejos de disipar la fobia que su antecesor promovió hacia los oriundos de otros países, Biden la refuerza de distintas maneras. En esta materia se ha revelado, en suma, como más trumpista que el propio Trump.
Edición: Ana Ordaz
