Impuesto predial: la protesta social pierde el foco

Apenas ha comenzado el año y todos nos apresuramos a conocer cuáles son los incrementos en las tarifas de los principales servicios públicos y de las contribuciones que estamos obligados a pagar. Una de ellas, la que más conocemos los ciudadanos, -y la más importante-, es sin duda el famoso impuesto predial, un gravamen a la propiedad de bienes inmuebles que cobran todos los municipios del país para los que esta fuente recaudatoria es la más cuantiosa de sus finanzas, y que en rigor debe servir para que los ayuntamientos hagan frente a sus necesidades de gasto, principalmente la dotación de servicios públicos. 

Así ocurre en Mérida, en Oaxaca, Hermosillo o cualquier otro municipio. La recaudación de este controvertido impuesto es la fuente de ingresos más importante de las haciendas públicas municipales, descontando los ingresos que provienen de fuentes federales. 

El año pasado, por ejemplo, los recursos contemplados en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del estado para el municipio de Mérida ascendieron a 3 mil 185 millones de pesos, de los cuales 513.2 millones correspondieron a la recaudación del impuesto predial.  Es decir, poco más del 16 por ciento del total de ingresos a recaudar. Para 2022 los ingresos a recaudar del municipio se estiman en 4 mil 297 millones de pesos con una recaudación proveniente del predial de 749.7 millones de pesos, que representan el 17 por ciento de los ingresos totales municipales. Con ninguna otra fuente tributaria se recaudan más recursos que con el impuesto predial.

En estos días de inicio de año, las protestas por el incremento en el cobro del predial han comenzado a multiplicarse. La gente se queja por el abandono en que el ayuntamiento de Mérida tiene a distintas zonas de la ciudad capital del estado, particularmente en las comisarías de su periferia. Los elevados incrementos, se dice, no se traducirán en una mejora de los servicios que prestan. Hay incluso llamados a la ciudadanía para llevar a cabo acciones de protesta y a ampararse frente a la autoridad.

Los municipios del país, incluyendo el de Mérida, carecen de las capacidades técnicas para diseñar y poner en práctica un sistema de cobro eficiente y equitativo que ofrezca la oportunidad de llevar la recaudación a su pleno potencial, acorde a las características urbanísticas de sus demarcaciones y a su riqueza inmobiliaria. Existen a lo largo y ancho del país municipios con una riqueza inmobiliaria tal que fácilmente podrían incrementar su recaudación y su participación en sus ingresos propios, con un sistema que contemplara los valores catastrales y comerciales reales de cada colonia, que reflejara claramente la relación entre el monto del impuesto y la dotación de servicios e infraestructura urbana.

Sin embargo, la protesta social por los malos servicios y el abandono por parte del ayuntamiento a diversas zonas de la ciudad no debiera ser, a mi juicio, el no pago, y mucho menos el amparo. Si no al contrario, pago para estar en condiciones de exigir de la autoridad. Es decir, cumplo con mi obligación de pagar impuestos para que el gobierno cumpla con su obligación de prestar los servicios que el contribuyente cumplido exige. ¿Si no cumplo cómo puedo exigir?

En la actualidad, la recaudación de este impuesto progresivo se encuentra muy por debajo de su potencial. De acuerdo con un estudio de Consultores en Comercio y Desarrollo S.A. de C.V. de los 2 mil 456 municipios del país, 522 (alrededor de 20 por ciento), no cobran el predial. El 90 por ciento de la recaudación se lleva a cabo en 150 municipios. En estos habita 60 por ciento de la población, mientras 40 por ciento no contribuye con este gravamen. Esa es una de las razones de que la mayoría de los municipios vivan de recursos que les envía el gobierno federal, y otros,  peor aun, en la penuria financiera.

La disponibilidad de recursos y su manejo racional y honesto son dos de las variables que determinan la capacidad financiera de los gobiernos municipales, la cual repercute directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, desde la simple mejora en la cobertura y calidad de los servicios que por ley está obligado a prestar (agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, seguridad, entre otros), hasta la implementación de políticas más complejas destinadas a atender otros asuntos que forman parte del desarrollo local. 

La presencia de recursos federales se ha convertido en una alternativa confortable que inhibe los esfuerzos de los ayuntamientos debido a la certeza que tienen de recibir una bolsa asegurada con respaldo federal, incluso sin tener una buena recaudación en sus propias localidades. No fomentemos la penuria financiera del ayuntamiento de Mérida con la protesta del no pago y el pretexto de los incrementos desproporcionados. Mejor fomentemos la cultura de la tributación para exigir lo que como ciudadanos nos corresponde.

*Profesor de la UNAM.

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Edición: Estefanía Cardeña