El viernes, en coincidencia con el inicio del primer fin de semana largo del año, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa intentaron tomar la caseta de cobro de Palo Blanco, en la autopista México-Acapulco. De acuerdo con los propios normalistas, en un inicio habían logrado un acuerdo con la Guardia Nacional para limitar su acto de protesta a una jornada de volanteo, pero posteriormente un comandante de dicha corporación comenzó a revisar los autobuses en los que se habían trasladado, lo que causó molestia entre los estudiantes y dio pie a una refriega en que éstos arrojaron petardos, bombas molotov y piedras, mientras los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. Tras 40 minutos de enfrentamiento, los jóvenes lanzaron un tractocamión al punto donde se encontraban los guardias y elementos de la policía estatal, arrollando un local comercial, un módulo de promoción turística y una camioneta estacionada. El choque dejó 22 uniformados y 20 manifestantes lesionados, tres de los cuales fueron hospitalizados.
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Ayer, los normalistas marcharon de manera pacífica en la capital de Guerrero, donde afirmaron que dejarán de tomar las casetas cuando el gobierno les entregue a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala desde hace más de siete años. Asimismo, responsabilizaron de los sucesos a la gobernadora Evelyn Salgado, quien el jueves advirtió que se aplicaría la ley ante los bloqueos carreteros.
Más allá de las responsabilidades que deban fincarse por los acontecimientos del viernes, está claro que cualquier salida auténtica y duradera a este conflicto pasa por resolver el problema de fondo, que es precisamente la localización y presentación de los estudiantes que se encuentran en paradero desconocido desde la noche del 26 de septiembre de 2014. La falta de avances tangibles en esta dirección mantendrá vivo el descontento entre los familiares de los jóvenes desaparecidos, el normalismo, y los sectores de la sociedad que han acompañado esta lucha durante 38 meses, contexto en el que se multiplican las probabilidades de nuevos desencuentros con las fuerzas del orden.
Al mismo tiempo, resulta deplorable la decisión de un grupo de estudiantes de usar un tráiler como proyectil contra los uniformados, pues un acto de ese tipo no contribuye en nada a la resolución de sus demandas, enturbia una causa absolutamente legítima, y pudo haber ocasionado una tragedia de enormes proporciones. Cabe llamar a las autoridades para que ofrezcan respuestas a quienes buscan a sus compañeros y seres queridos, así como hacer votos por que cualquier diferendo futuro pueda encauzarse por la vía del diálogo.
Edición: Emilio Gómez
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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