Guardia Nacional y futuro amoroso

En busca de atemperar las voces que advertían los riesgos de una Guardia Nacional (GN) militarizada, se prometió en 2019 que dicho cuerpo sería de característica civil y que tendría un plazo de cinco años (hasta marzo de 2024) para cambiar la fórmula de su integración, pasando del actual predominio de las Fuerzas Armadas (80 por ciento de las plazas) a una configuración netamente civil.

En el decreto que el Congreso envió al presidente López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (lo que sucedió el 26 de marzo de 2019), se establecieron las modificaciones (vigentes) a la Constitución Política, en los artículos 21, “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional y La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”, y quinto transitorio: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

En la Ley de la Guardia Nacional (publicada en el DOF el 27 de mayo de 2019), se reitera en el artículo 4: “La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría” (de Seguridad y Protección Ciudadana).

La Constitución y la ley de la materia han sido letra muerta: en los hechos, la Guardia Nacional nunca ha dependido del mando civil al que la Constitución le adscribió, la SSPC, sino inequívocamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y, a estas alturas, el propio presidente de la República (que siendo candidato proclamaba la inminencia de un retorno gradual de los soldados a sus cuarteles) pretende que una iniciativa suya sea aprobada en el Congreso para que abiertamente la citada Guardia sea encuadrada en la Sedena, como una rama militar más, ya sin simulaciones de mando y perspectiva civil (tal intención, sin embargo, parece inviable en cuanto el bloque legislativo opositor asegura que no votará a favor, con lo cual no habría la mayoría legislativa obligada).

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Así fuera con un sentido extremadamente pragmático, que diera la espalda a la experiencia histórica de graves peligros al entregar a los militares el control de la seguridad pública, entre otros negocios y empresas, es raquítico el resultado en cuanto a combate a la delincuencia y suministro de seguridad a la población.

La Guardia Nacional no ha escapado a los vicios de sus similares (extorsión, sobre todo a migrantes, tortura, violaciones a los derechos humanos, asesinatos) y ha deambulado por el país entre crecientes agresiones de grupos delictivos envalentonados por la pasividad impuesta a las Fuerzas Armadas.

Ayer, en una ceremonia por los tres años de haber sido constituida esta Guardia Nacional Militar (así se le denominó desde un inicio en esta columna), sólo tres veces se mencionó el concepto “civil” en los discursos oficiales, nunca en referencia a la obligación constitucional de que esa Guardia sea de carácter civil.

Si no se han respetado la Constitución y la ley secundaria en este tema, ni las promesas políticas de devolver gradualmente la Guardia a los civiles, menos se puede aceptar el argumento voluntarista de Palacio Nacional de que no hay nada qué temer en cuanto a la militarización, porque el Presidente actual no hará mal uso de esa concentración de fuerza y que, además, está “convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo, más amor al prójimo”. Mmm. ¡Hasta el próximo lunes!

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Edición: Emilio Gómez