El resultado del plebiscito para la nueva Constitución chilena, realizado ayer, es inapelable: casi 62 por ciento de los votantes rechazó el texto propuesto y únicamente 38 por ciento sufragó en favor de aprobarlo.
Semejante resultado constituye una grave derrota para los sectores que se movilizaron en años pasados –incluso en pleno auge de la pandemia de Covid-19– en demanda de una nueva Carta Magna que permitiera superar las ataduras institucionales que forman parte del nefasto legado del extinto dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo régimen militar se impuso la Constitución actualmente vigente.
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Por otra parte, el abrumador rechazo pone en un predicamento al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, cuya elección fue resultado de una ola de esperanza renovadora que aspira a modificar sustancialmente tanto los términos que rigen al poder público como al modelo neoliberal para el que el país austral sirvió de laboratorio durante la tiranía que encabezó Augusto Pinochet y que en las décadas siguientes ha dejado una cauda de desigualdad, pobreza e insatisfacción social que se traduce en protestas sociales periódicas.
Adicionalmente, por más que resulte ineludible la necesidad de dejar atrás la constitución pinochetista, el resultado del referendo de ayer deja en la indefinición el camino y el calendario que habrán de seguirse para elaborar una nueva Carta Magna.
Queda, pues, una nación que rechaza en forma mayoritaria la Constitución vigente, pero que no logró formular un consenso y ni siquiera una mayoría para un documento alternativo.
Se impone, en lo inmediato, la necesidad de que los liderazgos sociales, los gobernantes y la clase política en general esclarezcan los aspectos del texto constitucional propuesto que causaron el rechazo mayoritario y se aboquen a analizar los pasos necesarios para convocar a un nuevo organismo constituyente. Por el bien de los chilenos cabe esperar que sea pronto.
Edición: Emilio Gómez
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