Periodismo contra SLAPP

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, al día de su asesinato, afrontaba 47 demandas civiles por difamación o SLAPP. Fue asesinada por sus investigaciones sobre el gobierno de Malta en los Papeles de Panamá y sus relaciones con la mafia. El primer ministro maltés dimitió tras ser señalado por el homicidio. El pasado 20 de octubre se cumplieron cinco años de su muerte.

El abuso de la ley como herramienta para silenciar a la disidencia, acallar a periodistas e influir en la libertad de expresión y manipular la libertad de prensa es un tema que ha sido soslayado en Yucatán por la clase política y autoridades. Las fracciones legislativas del Congreso yucateco han guardado un silencio cómplice sobre este tema que no es una plaga exclusiva de nuestro estado (donde sin embargo siguen existiendo las demandas por daño moral utilizadas por políticos, sus operadores legales y empresarios) y ni siquiera de nuestro país.

En Estados Unidos se ha acuñado el acrónimo SLAP (Strategic Lawsuits Against Public participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública en español) para definir el uso de demandas civiles por daño moral contra periodistas y activistas, entre otros.

Según activistas de la plataforma Protect the Protest, una SLAPP se diferencia de una demanda ordinaria porque afecta formas de libertad de expresión, explota una desigualdad de poder a su favor, amenaza con llevar al acusado a la bancarrota, intenta prolongar el juicio tanto como sea posible, generalmente es parte de una estrategia de comunicación más amplia que tiene como objetivo denigrar a los críticos, y sigue un procedimiento serial de intimidación, ya que generalmente el denunciante tiene alguna experiencia a sus espaldas en el uso o amenaza de un SLAPP para silenciar a quienes lo critican.

Esta síntesis extraída del dossier “SLAPP, la demanda que amenaza la libertad de expresión” publicado en italiano e inglés en Europa por el Observatorio de los Balcanes y Cáucaso, Transeuropa, expone algunos ejemplos que van como anillo al dedo (citando al clásico) en nuestro caso en específico:

“Una gran empresa demanda a un activista que denunció un escándalo ambiental, con la esperanza de que la demanda disuada a otros ambientalistas. Un influyente empresario demanda a un reportero por difamación que lo denunció en una investigación veraz sobre corrupción. Un promotor inmobiliario utiliza la amenaza de una demanda para silenciar la oposición de los ciudadanos a un nuevo proyecto de construcción. Y así muchas más”.

El dossier señala que el “derecho de los ciudadanos a estar informados sobre temas de interés público y de los periodistas a escribir sobre ellos libremente no puede ni debe ser obstaculizado por acciones temerarias y denuncias espurias (o SLAPP)”. Y hace un llamado de la sociedad civil al parlamento europeo para que impulse medidas para contrarrestarlos. Ese mismo llamado han hecho periodistas yucatecos a los diputados locales solicitándoles eliminen del Código Penal estatal las demandas penales por difamación y se coloquen al menos candados en materia civil que protejan la libertad de expresión.

La realidad es que las SLAPP obligan a periodistas, activistas y denunciantes a guardar silencio sobre hechos de interés público. Según el dossier, las SLAPP, también denominadas “denuncias mordaza”, constituyen una verdadera injerencia en el derecho de los ciudadanos a estar informados y expresar libremente sus pensamientos. El objetivo declarado de quienes realizan acciones temerarias contra periodistas y activistas que se ocupan, por ejemplo, de corrupción, abuso de poder y temas ambientales es silenciarlos. Se trata de una amenaza al derecho a la libertad de expresión y al derecho a informar, puntualiza el dossier.

De hecho, con motivo de la primera Conferencia Europea Anti-SLAPP, la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) celebrada el pasado 20 de octubre en Bruselas, Bélgica, se insta a los gobiernos de toda Europa a tomar medidas legislativas y prácticas inmediatas para proteger a periodistas y otros organismos públicos de control de la creciente amenaza de SLAPPs.

Un caso reciente es el dado a conocer por la Federación Europea de Periodistas la que se unió a las organizaciones ARTÍCULO 19 – Europa, Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPM), Prensa Gratuita Ilimitada (FPU), Instituto Internacional de Prensa (IPI) y OBC Transeuropa (OBCT). Dichas organizaciones presentaron una carta dirigida a Grigoris Dimitriadis, exsecretario general de la oficina del Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis, sobre las demandas de SLAPP que presentó contra periodistas y medios de investigación.

La demanda por difamación que presentó el primer ministro es contra el periódico Efimerida ton Syntakton (EFSYN), el portal de investigación en línea Reporters United y sus reporteros Nikola Leontopoulos y Thodoris Chondrogiannos, y el periodista independiente Thanasis Koukakis, es tanto de naturaleza vengativa como infundada.

Dichas organizaciones señalaron que en lugar de un esfuerzo de buena fe para buscar una reparación legal adecuada, nos preocupa que estas demandas, que oscilan entre 150 mil y 250 mil euros, parezcan ser más un esfuerzo para castigar a los medios cuyas investigaciones sobre sus vínculos con una empresa atrapada en medio de un escándalo de spyware (espionaje cibernético) parece haber provocado su dimisión.

Además explica que las demandas de que los artículos de ambos medios independientes que se publicaron el 4 de agosto de 2022, se eliminen de sus respectivos sitios web, son un claro intento de silenciar los informes de investigación profesionales sobre un asunto de gran interés público y borrar sus revelaciones.

Por lo pronto, en Yucatán seguimos esperando que el Congreso local legisle sobre la materia y ponga un alto a las demandas penales y civiles.

@infolliteras

Edición: Ana Ordaz