La Jornada Maya

Periodistas exigen derogar el delito de difamación en Yucatán

Exponen que este recurso legal representa un obstáculo en la libertad de expresión

Periodistas exigen derogar el delito de difamación en Yucatán
Foto: Cecilia Abreu

Hoy, 16 de febrero de 2022, tres periodistas presentaron ante la Oficialía de Partes del Estado de Yucatán una iniciativa para derogar la difamación del Código Penal del Estado, propuesta que fue firmada por más de 100 personas a través de la página web: www.iniciativaperiodismo.com.

Con un posicionamiento, la periodista Lilia Balam, junto con sus colegas Herberth Escalante y Javier Escalante, expusieron que este “delito” por difamación representa un obstáculo en la libertad de expresión, derecho contemplado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

Actualmente, el Código Penal del Estado de Yucatán, considera desde tres días hasta dos años de prisión o de 20 a 200 días de multa para quienes supuestamente infrinjan este delito. “Es una figura obsoleta en el contexto actual de la defensa y garantía de los derechos humanos, ya que va en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación”.

Expusieron que periodistas en Yucatán suelen ser víctimas de amenazas advirtiendo que les denunciarán, ante reportajes, cuestionamientos y el ejercicio periodístico en general; “prevalece la censura penal a la actividad de las y los comunicadores”.

Piden que la diputación local para derogar este delito, el cual está presente en el Código Penal del Estado en sus artículos 295, 296, 297 y 298.

 

 

Resaltaron que alrededor de 15 años atrás, el Código Penal Federal derogó este delito; sin embargo, Yucatán es uno de lo siete Estados de la República que continúan penándolo, lo que les ocasiona recibir mensajes y amenazas incluso en sus redes sociales y celulares personales.

Calculan que al menos 5 periodistas de la entidad han sido víctimas de denuncias de este tipo en fechas recientes, uno de los cuales, continúa en un proceso penal por una denuncia proveniente de un Ayuntamiento.

Esta situación, culmina en la censura para las personas que ejercen esta profesión de comunicar a la sociedad, exhibieron. “Es común que recibamos ese tipo de denuncias para no publicar algún trabajo que finalmente es de interés público”.


Edición: Laura Espejo


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