Después de una tregua con motivo de las fiestas de fin de año, miles de peruanos han vuelto a las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.
Como ha ocurrido desde el primer día de las protestas populares tras la destitución del presidente elegido democráticamente Pedro Castillo, la única respuesta del gobierno respaldado por la oligarquía y la embajada estadunidense ha sido escalar la represión e ignorar el descontento de quienes no se resignan a ver el mandato de las urnas suplantado por arreglos cupulares.
Esta salida autoritaria ha dejado al menos 28 muertos desde el 7 de diciembre, 36 hospitalizados entre el 4 y el 7 de enero, y 17 heridos de bala o piedras sólo el viernes 6. Incluso un periodista español fue alcanzado por perdigones disparados por la policía y debió recibir atención médica.
Parece claro que la apuesta del régimen de Boluarte –legal pero ilegítimo– consiste en aplicar la violencia y dejar correr el tiempo a fin de que las protestas se desgasten y queden confinadas a unas pocas regiones del país, hasta que esta enésima afrenta a la voluntad ciudadana quede consumada por la vía de los hechos. En el mismo sentido apunta la decisión del Congreso dominado por la derecha de fechar las próximas elecciones hasta abril de 2024, en espera de que para entonces se haya diluido el malestar social y se haya construido un proyecto político-partidista capaz de perpetuar el control oligárquico sobre la institucionalidad formalmente democrática.
Como se ha señalado en este espacio, al mirar más allá de la coyuntura se aprecia que la crisis política crónica que vive la nación andina desde hace al menos seis años (y muchos más, si se considera que el siniestro periodo fujimorista de la década de 1990 de ningún modo puede calificarse de normalidad democrática) es resultado de un entramado legal que sabotea de manera sistemática la gobernabilidad y que representa no un marco jurídico en que ha de desenvolverse la democracia, sino el principal obstáculo para el funcionamiento de ésta.
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