Finalmente, tras cuatro semanas, los doce integrantes del jurado en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a petición del juez Brian Cogan, del Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, Nueva York, determinaron que el acusado es culpable de cinco cargos:
Conspiración para la distribución y tráfico internacional de cocaína, para distribución y posesión de ese narcótico, y para la importación de la droga; participación continua en una organización criminal (el cártel de Sinaloa), y declarar en falso al momento de solicitar la nacionalidad estadunidense, son los señalamientos de los cuales el jurado halló culpable a García Luna.
En ningún momento, el juicio se fijó en que García Luna tuviera cómplices entre sus compañeros funcionarios públicos, o que sus superiores jerárquicos entre 2006 y 2012, que habrían sido los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, estuvieran enterados y tuvieran participación alguna en los movimientos del ex secretario. Señalarlos no estaba al alcance de la justicia estadunidense.
Para las 12 personas convocadas a conocer del juicio y escuchar los testimonios de los testigos contra el ex funcionario mexicano, no existió margen para la duda razonable, incluso a pesar de que la fiscalía estadunidense no presentó a todos sus testigos y que la gran mayoría de los que se presentaron en el banquillo hayan sido narcotraficantes de alto rango sentenciados en ese mismo país.
Pero Estados Unidos no acusará a ex presidentes mexicanos, eso le corresponde únicamente a la actual administración. En estos momentos Internet ya se llenó de memes sobre la posible preocupación de Fox Quesada y Calderón Hinojosa, pero las redes sociales no son la justicia.
Tampoco implica justicia que un grupo de diputados del grupo que hoy se encuentra en el poder haga una manifestación y grite que “Calderón sabía”. A ellos, el fuero les protege sobre lo que expresen, pero si su bulla no llega a plasmarse en una denuncia ante las autoridades, todo se quedará en el ruido y eventualmente se desvanecerá.
El caso de Genaro García Luna ofrece indicios más que suficientes sobre cómo orientar una investigación seria, sobre la cual los mexicanos debiéramos estar informados. Si se conduce de esta forma, nadie dirá que se trata de una operación política o que la Fiscalía General de la República sigue una consigna; la “guerra contra las drogas” dejó muchos muertos y sus consecuencias continúan hasta el día de hoy, y esto se refleja en las estadísticas de homicidios dolosos.
De poco nos sirve que la justicia haya llegado para un “escudero”, cuando no se toca al principal. El país necesita resolver este conflicto y para ello requiere que las instituciones de seguridad e impartición de justicia actúen con transparencia. No se trata de que nadie le crea a los anteriores presidentes, sino de que las instituciones que han quedado encabezadas por la Cuarta Transformación gocen de credibilidad plena.
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