¿Y después de las marchas?

“Trasnochados”, llamó Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, a quienes participarían en las manifestaciones de este domingo en lo que de un lado se denominó la defensa del INE, y de otro se calificó como la apología de altos funcionarios y el ataque al gobierno actual.

Lo cierto es que de ambos lados campea más el ánimo de presentar al otro como adversario que por ofrecer un panorama completo de lo que defiende cada uno. Porque desde un principio el intento por reformar al Instituto Nacional Electoral llegó al público como la pretensión de desmantelar una institución que de alguna manera ha conseguido ser considerada una de las más confiables en lo que toca a su función sustantiva, que es la organización de las elecciones.

Pero por parte del Ejecutivo tampoco hubo una presentación de los puntos clave para reformar en el INE. El principal argumento es que las elecciones nos salen muy caras y la existencia de una burocracia dorada encabezada por sus consejeros y un grupo selecto de funcionarios que goza de prebendas escandalosas. Aquí resulta curioso que el propio secretario de Gobernación se refiera al monto de retiro de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, como un trascendido y no con información comprobada.

Para el ciudadano común es bastante difícil recoger la información de lo que es el ‘Plan B’, pues se trata de 400 modificaciones repartidas entre las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y de Partidos Políticos, así como a la Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, entre todo lo planteado destaca la supresión del 85 por ciento del personal de servicio profesional del INE, que es el que se ha especializado en diversas labores, que van desde el establecimiento de controles a la credencial para votar hasta la capacitación de los funcionarios de casilla.

Entonces, lo que no queda claro es cómo, con una reducción tan drástica del personal con mayor capacitación, el instituto sea capaz de cumplir con su función primordial y garantizar certidumbre en los resultados de la próxima jornada electoral. 

La respuesta de la ciudadanía ha sido dispar. En puntos como la Ciudad de México y Mérida puede hablarse de un éxito, en otras partes la participación puede calificarse de testimonial. Un mayor análisis podría asociar la asistencia a las manifestaciones con los índices históricos de participación en las elecciones, pero el saber cuántas personas acudieron a los puntos de concentración es también un indicador de la confianza, o desconfianza, hacia los convocantes o la institución presidencial.

Pero lo que menos debiera ocurrir entre la ciudadanía es la mayor polarización. En el análisis de lo ocurrido este domingo en todo el país, de cualquier lado que nos encontremos, lo principal será acordar que la participación en las próximas movilizaciones tenga por base el contar con información suficiente. ¿Qué es lo que voy a defender?, debería ser la primera pregunta a responder antes de treparnos a cualquiera de los bandos involucrados en la reorganización del INE.

El resultado de las marchas y concentraciones de este domingo no es homogéneo, pero tampoco debe descalificarse a quienes estuvieron presentes. De ninguna manera se les puede llamar incautos porque en algo tienen razón: Aunque el ‘Plan B’ fue aprobado antes de las manifestaciones, todavía queda promover una acción de inconstitucionalidad, cosa que puede hacer cualquier ciudadano.

Lo que aún se encuentra en tela de juicio es qué se entiende en México por democracia y cuánta fortaleza institucional se necesita para contar con resultados electorales creíbles y aceptados por todos. Algo es cierto: nadie quisiera, y a nadie le conviene, regresar a los tiempos de la Comisión Federal Electoral a la que alguna vez se le cayó el sistema.

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Edición: Estefanía Cardeña