UADY, ¿de qué autonomía hablamos?

Mucho revuelo se ha armado en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) por la iniciativa que el pasado 22 de febrero presentaron Gaspar Quintal Parra y Karla Franco Blanco, ambos diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El proyecto presentado consiste en modificar la Constitución del estado a fin de elevar a la UADY a la categoría de órgano constitucional autónomo, un estatus que, entre otros organismos, poseen la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Agencia de Transporte de Yucatán.

El pasado viernes, ante el Consejo Universitario, el rector Carlos Estrada Pinto refirió que esta propuesta es “inaceptable” porque contraviene al artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación Superior. Mientras, el PRI también ha reaccionado y llamado a sus diputados al orden. ¿Hicieron mal Quintal Parra y Franco Blanco? Tal parece que para los directivos de la UADY, que se encontraban en la sesión del Consejo, así fue, toda vez que en sus redes sociales se dedicaron a repetir la consigna de “¡La autonomía de la UADY no se toca! Los alumnos, personal docente y administrativo decimos ¡NO! al intento de los legisladores de Yucatán de intervenir en nuestra universidad”.

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Pero, ¿en qué perjudica a la UADY esta iniciativa? Las publicaciones de los directivos no presentan más argumentos, reduciendo la discusión a una repetición de consignas, inesperada de quienes ostentan los cargos directivos de la llamada máxima casa de estudios.

Una cosa es cierta: el Congreso de Yucatán posee las facultades para legislar sobre la Universidad, especialmente porque el Estado, tanto desde la federación como desde la administración local, le destina recursos económicos para su operación. Por otro lado, las instituciones, de cualquier índole, experimentan modificaciones a través de los años.

Revisando la iniciativa de los diputados Quintal Parra y Franco Blanco, ésta tiene por objeto elevar a rango constitucional la autonomía de la UADY, en lugar de dejarla arrumbada en leyes inferiores. Entonces, ¿qué es lo que los directivos de la UADY están entendiendo por autonomía?

Desde la iniciativa se reconoce que la UADY posee autonomía en lo relativo a su gobierno interior, establecimiento de los planes de estudio de sus bachilleratos, licenciaturas y posgrados, así como de la disposición de los recursos que le sean asignados.

El documento garantiza que la UADY dispondrá de un presupuesto por lo menos similar al del año anterior, aparte que tanto el rector y demás directivos permanecerán en sus cargos, conforme a la legislación actual.

Si la dirección del PRI ha optado por retirar el apoyo a sus diputados, esto debe ser pecata minuta. En el Congreso se deben encontrar representantes del pueblo, no de los partidos; este es el interés superior que debe primar.

¿El temor de los directivos es porque la iniciativa indica que habrá una nueva ley orgánica, la cual definirá las bases para la integración, estructura, funcionamiento, competencia y administración, y establecerá las bases para el servicio profesional académico? ¿Por qué esta nueva ley impediría que existan profesores sin base?

¿El temor es a una nueva ley orgánica? Seamos francos: la elaboración de una normativa no podría hacerse sin la participación de la UADY. No debería existir miedo a la fiscalización, toda vez que ésta es una obligación conforme a la normativa vigente en materia de Transparencia, y a que la UADY es una institución que recibe recursos públicos. Al contrario, si se trata de que órganos públicos encargados de impartir educación superior rindan cuentas de los recursos que reciben, la iniciativa se queda corta: hará falta incorporar a la Universidad Pedagógica, a la Politécnica, a la Metropolitana. Como ciudadanos y contribuyentes, esperamos información de una aplicación eficiente de nuestros impuestos. 

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Edición: Estefanía Cardeña