Cuando un ciudadano padece el fenómeno de la corrupción, el espectro de la experiencia es amplio. El nivel más bajo es sobre el que más se habla y se sintetiza en un funcionario menor al cual es necesario darle la conocida “mordida” para que “el asunto camine”, o que se haga de la vista gorda ante una falta que se percibe como leve. Otro nivel implica a funcionarios de mayor categoría, autoridades electas; cuando se habla de estos casos es indicativo que el nivel de descomposición social es general.
La acusación que ahora presenta la Asociación de Restaurantes de Valladolid en contra del presidente municipal Alfredo Fernández Arceo, tiene grandes similitudes con el filme La Ley de Herodes (1999), en la que el corrupto alcalde Juan Vargas se dedica a extraer cuanto dinero puede de la pauperizada población de San Pedro de los Saguaros.
Ahora, los restauranteros de Valladolid reclaman que Fernández Arceo les condiciona el trámite para poder vender bebidas alcohólicas a un donativo “obligatorio” de 150 mil pesos, además del equivalente a 280 Unidades de Medida y Actualización que establece la Ley de Hacienda del municipio, que al día de hoy son poco más de 29 mil pesos.
El asunto es que la actuación de cualquier funcionario tiene que regirse por una normativa. Sus funciones están señaladas en diversas leyes, códigos, reglamentos, lineamientos y, en este caso, acuerdos del Cabildo. Condicionar la expedición de una licencia comercial a un donativo, sin la autorización del cuerpo colegiado y sin que esté sustentada legalmente, constituye un delito.
Ahora bien, la autoridad municipal y el empresariado de Valladolid han tenido varios episodios de enfrentamiento en los últimos meses, por lo que las acusaciones de cohecho deben tomarse como parte de este conflicto. La iniciativa privada de la Sultana del Oriente lleva cuenta de promesas incumplidas como la adquisición de compactadores de basura, luego que el ayuntamiento elevara las tarifas de recolección de desechos, así como la de suprimir el cobro por uso de suelo a partir del presente año.
Esta es la cuestión más delicada: Valladolid es la tercera ciudad más poblada de Yucatán y es limítrofe con Quintana Roo. También fue el segundo Pueblo Mágico del estado, y como tal es uno de los principales atractivos turísticos, tomando en cuenta igualmente su cercanía con la zona arqueológica de Chichén Itzá. Es decir, se trata de un punto geográficamente estratégico para la economía, por lo que los negocios debieran esperar certeza jurídica para sus inversiones.
Cuando el mismo alcalde se justifica en sesiones de Cabildo argumentando que administraciones anteriores incurrieron en estas arbitrariedades, lo que se manifiesta es la falta de voluntad para dejar de ser parte de la corrupción. Si además se apoya en la estructura del ayuntamiento para presionar a los empresarios y obtener el “donativo”, el panorama es la perversión de la autoridad y que ésta recurre al cobro por derecho de piso; de tratarse realmente de un donativo, quienes lo entreguen voluntariamente deberían obtener un recibo fiscal deducible de impuestos.
Pero lo más grave es que una autoridad que actúa de esta manera invita a la entrada del crimen organizado a su jurisdicción. No puede decirse que las arbitrariedades de un presidente municipal son el precio por la tranquilidad de Yucatán, cuando debiera ser lo contrario: la paz en el estado debe cimentarse en el recto desempeño de sus funcionarios en todos los niveles. La ciudadanía debiera confiar en que la conducta de cualquier servidor público se mantendrá en todo momento dentro de los límites de la legalidad.
Valladolid tiene ya a un ex presidente municipal sentenciado a tres años de cárcel, acusado de peculado. Lo deseable es que la lista no crezca. Esperemos estar a tiempo y que en todo caso las instituciones apoyen a la ciudadanía y se corrijan los abusos, antes que el enfrentamiento entre el alcalde y los empresarios crezca de más y este municipio se encuentre en una crisis política que termine dirimiéndose en instancias penales.
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Edición: Estefanía Cardeña
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