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La intolerancia a la voluntad de la mayoría de los mexicanos manifestada en las urbas, es una aberración a la democracia que impacta a las instituciones del país, a la pluralidad y a las minorías.

En los democracias gobiernan quienes reciben en las urnas la mayoría de los votos. Las contienda electorales se ganan o se pierden, pero siempre prevalece la voluntad del pueblo soberano. Las minorías políticas de México lo son por decisión de la mayoría de los mexicanos. El rol institucional que corresponde a las minorías no es gobernar e imponer sus visiones e intereses a las mayorías. 

La derecha conservadora mexicana representa a las élites, y en tanto no conquisten los votos de las mayorías, seguirán siendo minoría, aún cuando los medios de difusión a su servicio, esos si mayoritarios, pretendan travestirlos de mayoría. 

Por decisión propia los opositores al presidente de México, elegido por aplastante mayoría que le mantiene el apoyo y aprobación a su gobierno, bloquean y rechazan de antemano toda iniciativa enviada por el ejecutivo a las cámaras de diputados y senadores, a pesar que es su obligación legal e institucional analizarlas, modificarlas en su caso y manifestar sus objeciones antes de emitir su voto para dejar constancia histórica.

Tomar por la fuerza bruta el recinto oficial del Senado e impedir la instalación de sesiones para dar curso a diferentes reformas de ley, es obstaculizar la vida institucional. Es pueril y mezquino que no acaten las reglas elementales de sus funciones legislativas porque las votaciones les serán adversas. Lo recalco, son minoría por voluntad de los mexicanos. Bajo esa condición tendrán que continuar en tanto no consigan los votos mayoritarios en las urnas.

Los partidos opositores de AMLO aglutinados por el empresario Salinista, Claudio X. González, PAN, PRI y PRD a los cuales se sumó solo legislativamente, MC , declararon una  “moratoria constitucional” que no es más que el rechazo anticipado de toda iniciativa de López Obrador. Es faccioso, clasista, ilegítimo y absurdo que la derecha conservadora pretenda imponer “la dictadura de su pensamiento y su voluntad” en una democracia, en la que además, son minoría. Pudieron frenar la Reforma Eléctrica y la Electoral porque se requieren de sus votos para hacer modificaciones constitucionales, pero las modificaciones a la ley con mayoría simple no está a su arbitrio. Su toma del senado con la fuerza bruta, donde hicieron su “pijamada” y bailaron grotescamente violando la solemnidad del recinto, fue un golpe a la institucionalidad, a la democracia y a la legalidad. Quieren el poder pero rechazan la voluntad del pueblo soberano. 

El sistema quintanarroense de comunicación social es un ente público, en teoría de la sociedad y no del gobierno. Sin embargo, su suerte está atada a las filias y fobias de los gobernantes. Poco o nada se ha trabajado su autonomía financiera y operativa. Ojalá con la actual gobernadora, Mara Lezama, que es comunicadora, se trabajen esos aspectos y otros más que requieren. El periodista Alejandro Peza publicó en redes un escrito de locutores y operadores técnicos: “compañeros como un solo equipo se supone somos del SQCS, recurro a su valioso apoyo para una “coperacha” para ver si a completamos (Sic) para mandar reparar un aire acondicionado de cabina de FM ya que lejos de ser cabina de radio es horno panadero”…En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡Hasta la próxima!  

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Lea, del mismo autor: El poder tras el trono

 

Edición: Fernando Sierra


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