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Foto: Fernando Eloy

Desde la promulgación de las Leyes de Reforma, a mediados del siglo XIX, México experimenta cíclicamente episodios de anticlericalismo y persecución religiosa. Los episodios más violentos han sido la guerra de Reforma y la denominada Cristiada, pero entre ambos, y después, las manifestaciones contra las profesiones de fe se han dirigido específicamente contra la Iglesia católica.

Pareciera que, a más de siglo y medio de la separación entre Iglesia y Estado, no hemos logrado resolver como sociedad qué significa que el gobierno de la república y las instituciones civiles deban ser laicas, mientras que la libertad individual le permite a toda persona profesar el credo que mejor le parezca o no tener ninguno y que esto no será impedimento para realizar cualquier trámite o acceder al derecho a la educación o a la salud en instituciones públicas, por ejemplo.

Este lunes, en Campeche, unos 150 creyentes pretendieron ingresar una iniciativa de ley para garantizar la libertad de cultos, como reacción a la ley de violencia simbólica, que en su momento promovió el diputado Jorge Pérez Falconi, hace casi un año. Esta ley, no promulgada, retrocede precisamente al siglo XIX en su intención de anular cualquier manifestación religiosa en el espacio público. Esto implica ir contra la identidad campechana que presume las fiestas del Cristo Negro de San Román y la Virgen del Carmen, imágenes ambas patronas de la diócesis y que atraen a miles de personas de todo el país, produciendo una nada despreciable derrama económica.

Es de notarse la manifiesta fobia del diputado morenista Héctor Malavé Gamboa, quien acusó a los manifestantes de violentar la autonomía del Legislativo, ser enviados del obispo y señalar a tres frailes que los diputados no van a sus sedes a hacer escándalos. ¿Será que es de esos que tampoco regresan a sus distritos? Por lo pronto ya mostró una enorme diferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en su toma de posesión manifestó “Yo me hinco donde se hinca el pueblo”.

Pero también entre los creyentes, de que los hay más papistas que el Papa, los hay. Lo vivido por el abogado Miguel Anguas, quien promovió un amparo contra el ayuntamiento de Chocholá para que éste no destine dinero público a la instalación de nacimientos para navidad, implica que se está llegando a extremos y cada vez se está más cerca de posturas irreconciliables.

Parte de ser un Estado laico es precisamente que no se destine dinero público a promover celebraciones religiosas de ninguna índole. En el caso de los festejos navideños, las autoridades han optado por los pesebres que conmemoran el nacimiento de Jesús para los cristianos y sustituirlos por árboles nevados, renos, duendes y santacloses; aunque el ayuntamiento de Mérida en los últimos años ha recurrido a concesionar las glorietas de la capital yucateca a distintas empresas y algunas de estas sí han instalado belenes.

Con motivo de las expresiones de religiosidad o de un supuesto laicismo se han cruzado amenazas, mensajes de odio, burlas e intimidaciones en los que hasta ahora son los estados más seguros del país. El equilibrio es frágil y la polarización aumenta, y si algo puede enseñarnos la historia es que las guerras por motivos religiosos suelen ser largas y dejan cicatrices muy profundas.

Manifestarnos laicos como autoridad, o creyentes o ateos como ciudadanos, no debiera ser motivo de conflicto en una sociedad plural y democrática. Sin embargo, recordemos que, en física, la tercera ley del movimiento indica que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto, hasta que en algún momento aplicar fuerza deja de ser la respuesta y una disculpa no sea suficiente para reparar el daño.

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Edición: Estefanía Cardeña


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