Un operativo y nuevas interrogantes

La indignación que produjo la muerte del niño chiapaneco Íker, atropellado en una avenida de Mérida mientras pedía limosna, ha tenido ya tímidos efectos. Este lunes, a través de un comunicado, se dio a conocer el rescate de un grupo de menores de edad y mujeres provenientes de Chiapas. En ningún momento se indica cuántas personas quedaron en custodias de las autoridades, pero sí que se encontraban viviendo “en condiciones deplorables”.

Se nos hace saber también que el operativo incluyó sacar de las calles a menores de edad que se encontraban trabajando en la vía pública, sufriendo las altas temperaturas de estos últimos días, y sin las mínimas medidas higiénicas. Hoy, estas personas están recibiendo atención del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF -Yucatán).

La protección de personas en condiciones de vulnerabilidad es una de las obligaciones del Estado y para ello cuenta con organismos específicos. Es indispensable que estas dependencias garanticen la recuperación y atención digna a las personas que han sido rescatadas, en lo que regresan a su lugar de origen o encuentran un trabajo y residencia formales en el estado; el establecerse en Yucatán también es uno de sus derechos, independientemente de si las gestiones del gobierno del estado con la Procuraduría y el DIF de Chiapas van en el sentido de retornarlos.

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Hay un silencio que llama la atención: en el operativo participaron la Comisión de Derechos Humanos del estado, la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), la Coordinación de Protección Civil, y las Secretarías de Salud y Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ¿tuvieron acceso a un traductor? Resultaría un contrasentido dejar incompleta la investigación sobre la posible comisión de un delito alegando que se trata de hablantes de una lengua indígena un tanto ajena a la mayoritaria en la península y la carencia de un intérprete certificado; para esto debiera servir la cooperación con las autoridades chiapanecas.

El gobierno de Yucatán mantiene también el llamado a la sociedad para que denuncie “cuando se percaten de lugares sospechosos en donde se ingresen niños, al igual que reporten cuando vean menores de edad trabajando o rondando por las calles”. 

El mensaje continúa con un exhorto a no dar dinero a niños o mujeres que piden en las calles “para no fomentar este tipo de actividades”. Bien pudo haber dicho “son fuereños y pobres, no merecen tu ayuda”.

Por último se reporta un solo detenido en el operativo, pero se trata uno de los mismos asegurados, que cuenta con una orden de aprehensión por secuestro. ¿Dónde están entonces los que mantenían a estos chiapanecos pidiendo limosna por las calles y manteniéndolos en paupérrimas condiciones de higiene y hacinados?

Por Íker, la vida de un niño cuyo juego por las calles ocultaba explotación, el llamado estado más seguro de México debe presentarnos resultados de sus averiguaciones.

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Edición: Estefanía Cardeña