El resultado de la votación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era hasta cierto punto esperado. Con la invalidación de la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral, el 8 de mayo pasado, era difícil mantener el optimismo sobre una eventual aprobación de la otra parte del paquete legislativo; máxime cuando los ministros se enfocaron en la legalidad del procedimiento seguido en el Congreso para darles validez.
Esta vez, por mayoría de nueve votos, uno más que en mayo, la Corte invalidó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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El proyecto aprobado indicó que en el procedimiento fueron presentadas a discusión y aprobación, sin la previa publicación al inicio de la sesión, como señala el Reglamento de la Cámara de Diputados; no existió fundamento para clasificar como urgentes las iniciativas, que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que no existieron condiciones para un debate serio. Estas anomalías, entre otras, son suficientes para invalidar las reformas.
La violación al procedimiento es grave, toda vez que está contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución. El caso se resume en que el Poder encargado de elaborar y emitir leyes violó la de más alto rango en el país, no se trata de un mero formalismo, sino de la base del régimen democrático.
En algo tienen razón las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa: la Corte no entró a una discusión de fondo sobre la constitucionalidad de las reformas. El proyecto discutido y votado señala que las violaciones al proceso legislativo -que lo son a la Constitución -fueron suficientes como para invalidar completamente el Plan B. Por su parte, el ministro ponente, Javier Láynez, reconoció que se trataba de la reforma electoral más importante en los últimos 20 años.
En lo que se equivocan ambas es en señalar que hubo una invasión a la autonomía e independencia del Poder Legislativo, la cual existiría si la Corte hubiera elaborado y aprobado su propia reforma en materia electoral. Lo único que han señalado los ministros a favor de invalidar el Plan B es apuntar a que la promulgación de leyes debe hacerse conforme al procedimiento que el propio Congreso tiene señalado en la Constitución y su Reglamento Interno.
En lo que se asienta el polvo que levantaron las reacciones del Ejecutivo, es posible adelantar que en realidad quienes deben pagar los platos se encuentran en las Cámaras y no en Palacio Nacional. La reforma no es inconstitucional de fondo, es más, con toda seguridad hay partes muy valiosas en ella; sin embargo, los diputados y senadores que pretendieron darle curso fast track quedan como ignorantes del proceso legislativo.
Y aunque haya quien califique de vitriólica la reacción del Presidente, llamando a la SCJN “supremo poder conservador” y respaldando a las ministras que votaron a favor de aprobar el Plan B, en realidad se ha mantenido como Ejecutivo, enviando iniciativas de reforma, y adelantando que su siguiente paso en materia de legislación electoral será presentado al Congreso que resulte electo en 2024.
López Obrador conoce bien el terreno que pisa. Sabe que su reacción será escuchada por sus seguidores, su voto duro, a los que le interesa mantener en alerta para la movilización cuando sea momento de ir a las urnas; lo que luce es su capacidad como estratega, aunque para ello fuerce el concepto de democracia.
Edición: Estefanía Cardeña
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