El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de presupuesto que recibirán los siete partidos políticos nacionales el año entrante, el cual asciende a 10 mil 444 millones de pesos: 6 mil 609 millones para actividades ordinarias permanentes y 3 mil 304 para campañas.
Como cada año, la magnitud del monto asignado a esas instituciones es motivo de irritación y desconcierto entre amplios sectores de la ciudadanía, que consideran injustificable la generosidad con que el Estado financia a los organismos que, idealmente, cumplen la función de captar, representar y concretar la soberanía popular expresada en las urnas. En este sentido, vale recordar los resultados de un estudio demoscópico encargado en 2022 por la anterior presidencia del INE. Según dicha encuesta, 72 por ciento de los ciudadanos opinan que los partidos políticos reciben mucho dinero y 96 por ciento de este grupo piden entregarles menos recursos. De manera significativa, un porcentaje casi idéntico considera que debe reducirse el presupuesto del propio INE, que este año vuelve a ser motivo de polémica por su evidente desmesura.
La autoridad electoral se ha deslindado de manera sistemática de toda responsabilidad por la cantidad de dinero que se entrega a los partidos políticos, dado que ésta se calcula a través de una fórmula legal que el instituto únicamente aplica. Sin embargo, no puede soslayarse el papel activo que ha jugado, a través de amparos y controversias constitucionales, en el sabotaje a todos los intentos del gobierno federal para introducir estándares mínimos de racionalidad, decencia y sensibilidad en las operaciones del sistema de partidos y de los órganos electorales.
En efecto, el titular del Ejecutivo y el partido gobernante impulsaron una reforma constitucional y después una serie de modificaciones a leyes secundarias en la materia, pero la primera de estas iniciativas fue bloqueada por el PAN, el PRI y el PRD en el Congreso de la Unión, mientras la segunda fue revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de la coalición derechista y del INE, entonces presidido por el inefable Lorenzo Córdova.
Con su boicot al cambio en el sistema político-electoral, la oposición, el máximo tribunal y la mayoría de los consejeros del INE se han exhibido ante la sociedad como entidades carentes de sentido de país, contrarias a la democracia y obcecadas en perpetuar privilegios indefendibles que se cubren a expensas de las mayorías. Más allá del daño inmediato al erario, esta concepción elitista del entramado institucional es una de las principales causas de la desafección ciudadana hacia la democracia, pues resulta difícil que los mexicanos de a pie se identifiquen con cúpulas palmariamente indiferentes a sus necesidades y urgencias.
El dispendio autorizado ayer ratifica el imperativo de reformar a fondo la legislación impuesta durante el periodo neoliberal, diseñada para convertir el ejercicio de la política y los procesos electorales en un gran negocio para unos pocos, sin reparar en la degradación de la democracia y la confianza ciudadana.
Edición: Emilio Gómez
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