Un atípico regreso a clases

Finalmente, este lunes se cumplió el plazo para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024. Como no se veía hace varios lustros, el regreso a clases estuvo marcado por la polémica en torno a los libros de texto gratuitos (LTG) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir la promoción de controversias, impulsada por la Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones de corte confesional, que llevó a frenar su distribución en algunos estados.

Así, como no se veía desde la década de 1980, cuando los LTG llegaban a las escuelas por lo menos tres semanas después de iniciado el año lectivo, ahora fueron casi 8 millones de alumnos de educación básica sin su respectivo paquete de libros. En Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, el reparto se suspendió por otros amparos y decisiones de los gobiernos locales, además de la controversia promovida por la cristera UNPF.

Sin embargo, con el anuncio de que Guanajuato retomará la entrega de los libros de la Secretaría de Educación Pública, parece que la sensatez terminará por reinar y el año escolar no tendrá más afectación que unos cuantos días sin los materiales. En esa entidad del Bajío se decidió agregar dos cuadernillos, de Matemáticas y Español, preparados por el gobierno estatal; así, la solución pasa por poner todavía más peso en las mochilas de los niños.

Mientras, Aguascalientes mantendrá en ascuas a la comunidad escolar al menos hasta mañana, en lo que se resuelven los amparos interpuestos por la UNPF y la Asociación Civil por la Vida y la Familia, otra organización confesional. A menos que exista la suspensión definitiva, el estado está obligado a entregar los libros de texto. 

En cuanto a la península de Yucatán, Campeche ha iniciado la repartición, pese a la actividad en contra de organizaciones evangélicas y el Frente Nacional por la Familia; Quintana Roo inició el curso sin contratiempos, y en Yucatán primero se anunció la conformación de mesas de análisis y este lunes la Consejería Jurídica dio a conocer que el gobierno del estado debe distribuir los libros de la SEP, en tanto no hay un mandato judicial en sentido contrario.

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En la batalla por los LTG se ha dejado de lado el valioso papel que realizan miles de maestros, que son quienes organizan el trabajo en las aulas. Durante la pandemia demostraron su capacidad para diseñar actividades, crear materiales de acuerdo al contexto de sus alumnos y superar toda clase de adversidades con tal de que estos tuvieran acceso a la educación formal. El confinamiento fue el causante de severos retrasos en el desarrollo de habilidades sociales y daños a la salud mental de toda esta generación de estudiantes. Contra esto, ningún docente podía hacer algo.

Por otra parte, tampoco parece que se haya tomado en consideración que cada escuela es una comunidad en la que están involucrados los niños, profesores, administrativos y especialmente padres de familia. Si estos últimos no se comunican con la escuela o se desentienden del proceso de enseñanza -aprendizaje, los docentes tendrán un éxito limitado, y el interés superior de la niñez inicia en la casa familiar, no en el plantel ni con los libros de texto.

La diversidad de pensamientos que existe en México explica que haya quejas contra los LTG, reclamos porque en ellos hay “ideología”; cuando en toda organización de la vida escolar existe la ideología. El Estado, como rector de la educación, está obligado a que ésta sea universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, y por esto mismo ha sido criticada desde la creación de la SEP, por lo menos. Todo plan educativo debiera dirigirse a crear las condiciones para una convivencia sana precisamente entre quienes piensan distinto y/o tienen una condición diversa de la típica. Se escucha bello, pero será utópico mientras no estemos todos involucrados.

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Edición: Fernando Sierra