Desde hace semanas, las disputas por territorios entre dos de los principales cárteles que operan en el país, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha colocado a las poblaciones de varias localidades de Chiapas en una situación desesperante: uno y otro grupo han creado en la entidad, mediante extorsiones, amenazas y reclutamientos forzados, bases sociales, han bloqueado las comunicaciones terrestres y aéreas y han cortado la electricidad, el agua y las líneas telefónicas dominadas por el cártel rival.
Además de las zonas fronterizas de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo, hay desasosiego en San Cristóbal de las Casas por la presencia allí de una banda conocida como los motonetos que agrede con completa impunidad a los habitantes de esa ciudad.
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A la capacidad de poner a pobladores al servicio de sus propósitos delictivos, debe agregarse la determinación de los cárteles de llevar a cabo acciones con finalidades mediáticas y propagandísticos, como la caravana de vehículos artesanalmente blindados y artillados que hizo desfilar en el poblado de Chamic, cerca de Frontera Comalapa, en un supuesto movimiento para desalojar de la zona al CJNG.
Lo anterior ocurre en el contexto de descomposición, cooptación o ausencia de instancias municipales y estatales, el accionar de corporaciones extractivas claramente depredadoras, el pingüe y criminal negocio de los traficantes de personas, los flujos migratorios de varias nacionalidades y el descontrol existente en el occidente de Guatemala –fronterizo con México–, convertido en una tierra de nadie propicia para el trasiego de drogas y toda suerte de actividades delictivas.
En estas circunstancias, es indudable que en la entidad del sureste las autoridades federales deben apretar el paso en los cuatro ejes en los que se basa la estrategia de seguridad en el país: la lucha contra la corrupción, la generación de empleo y condiciones de bienestar social –en cuya ausencia, el crimen organizado obtiene un semillero de posibles reclutas–, el trabajo de inteligencia para debilitar las finanzas de los grupos delictivos y el despliegue de la Guardia Nacional.
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Por lo demás, resulta imprescindible formular y ejecutar, en combinación con lo anterior y así sea a marchas forzadas, una nueva política migratoria capaz de hacer frente a flujos humanos para los que el país no está preparado y de romper el círculo vicioso que se produce entre la inoperancia de la institucionalidad migratoria actual y el florecimiento de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Se necesita, en suma, una visión integral para enfrentar y resolver una circunstancia regional que no sólo pone en peligro a los habitantes, sino que podría dar al traste con el crecimiento económico y el turismo en el estado, y afectar incluso el buen funcionamiento del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes del actual gobierno.
Edición: Emilio Gómez
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