La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusó recibo de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática contra la desaparición de algunos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y turnó el asunto al ministro Javier Laynez Potisek, quien decidirá si se admite o no a trámite.
La asignación del expediente a Laynez Potisek representa un pésimo augurio, toda vez que el ministro llegó a su cargo manchado por la sospecha de tráfico de influencias, y ha probado ser un alfil de los grupos que impulsaron su carrera. Debe recordarse que esta persona perteneció a los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien lo llevó a la SCJN en 2015, después de que redactó algunas de las disposiciones más lesivas para el país contenidas en la reforma energética aprobada durante ese sexenio.
De 2008 a 2015 se desempeñó de procurador fiscal de la Federación; es decir, fue uno de los principales cómplices en la condonación de impuestos y la evasión fiscal de los dueños de grandes capitales que durante el calderonato y el peñato privaron a México de cientos de miles de millones de pesos que pudieron emplearse en el combate a la pobreza, la construcción de infraestructuras críticas, así como en reducir la abultada deuda pública que se contrajo en dicho periodo.
En los meses recientes ha alcanzado una estatura heroica a los ojos de los sectores conservadores de la sociedad al tender un manto protector para las rémoras del neoliberalismo enquistadas en los organismos pretendidamente autónomos.
Suyo fue el proyecto que autorizó al pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a sesionar con solamente cuatro comisionados, pese a que el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece, de manera explícita, que las sesiones de su instancia superior de dirección únicamente serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados.
También fue quien frenó el intento de racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que sucesivas modificaciones jurídicas le fueron entregando. En casos como los referidos y muchos más, Laynez y varios de sus colegas se han desenmascarado como funcionarios que no sólo invaden las facultades y decisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, sino que lo hacen en clara consonancia con una agenda política oligárquica. De este modo, se ha instaurado una dictadura judicial que corroe a la vida republicana al anular la soberanía popular de manera tan arbitraria como sistemática.
En el asunto de los fideicomisos cualquier fallo que no sea declarar improcedente el recurso de la coalición conservadora y reconocer la incapacidad del máximo tribunal para juzgar un hecho en el que todos sus integrantes tienen multimillonarios intereses personales supondría la enésima confirmación de que el PJF se encuentra en abierto desacato al orden constitucional, de que la parte mayoritaria de su cúpula ha renunciado a ejercer su autonomía para convertirse en una facción más de la oposición de derechas, y de que la SCJN antepone sus privilegios al bienestar general.
Ese camino la hundiría en una de las épocas más sórdidas de su historia y obligaría a acelerar la imperativa reforma del Poder Judicial, única vía para acabar con la embestida contra la democracia por parte de los togados.
Edición: Ana Ordaz
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