¿Ministros a hacer campaña?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido entre sus características un conflicto casi permanente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como cabeza del Poder Judicial de la Federación. Entre la exigencia de que sus ministros se reduzcan el sueldo, la renovación de algunos de sus integrantes, la cancelación de 13 fideicomisos y una anunciada propuesta de reforma que incluirá la “democratización” de la SCJN, y entrará al Congreso el próximo año, la tirantez se ha mantenido.

La propuesta del presidente pasa porque los ministros sean electos por el voto popular, algo que durante este fin de semana fue criticado por Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Loretta Ortiz Ahlf, presentes en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Aquí la sorpresa fue por la última mencionada, quien llegó a la SCJN propuesta por López Obrador, y junto con Jazmín Esquivel Mossa ha sido de las más fervientes defensoras de los intereses del Ejecutivo en la Corte.

El cuestionamiento de Ortiz Ahlf a la posible elección popular de los ministros es por lo menos interesante, y pasa por la estabilidad en el cargo y si ésta deberá condicionarse al apoyo reflejado en las urnas. En todo caso, la pregunta detrás es si las decisiones de los togados estarán impulsadas por el ánimo de mantener un capital político, lo que también equivale a cuestionar si la aplicación de las leyes debe sujetarse a una votación.

La elección de ministros de la SCJN no es algo ajeno a la historia de México. En su momento, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada llegaron a la Presidencia porque la Constitución marcaba que en ausencia del titular del Ejecutivo, quien encabezara la Corte debía relevarlo; lo que era una vicepresidencia de facto. Durante el porfiriato, estas elecciones tuvieron continuidad, pero el cargo perdió peso específico en 1904, cuando se introdujo la figura de la vicepresidencia, que recayó en Ramón Corral.

Pero las elecciones previas a la Revolución no eran por sufragio universal, sino indirectas; es decir, acudían a las urnas todos aquellos que tuvieran derecho a votar, pero elegían a delegados que a su vez escogían al Presidente, a los ministros de la Corte y a los integrantes del Congreso de la Unión. Esto se replicaba también en algunos estados.

Precisamente en cuanto a los estados, Yucatán destacaba porque los funcionarios locales eran elegidos directamente; no existía la selección de delegados, e incluso se votaba por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, con la llegada de la Revolución, se pasó un sistema para nombrar a los titulares del Poder Judicial estatal que con algunos ajustes es el que se tiene hasta hoy: mediante propuesta del Ejecutivo al Legislativo.

Ahora bien, la democracia no es, bajo ningún concepto, fundamento de una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Nada más democrático que una votación en el Coliseo romano sobre la vida de un gladiador. De trasladarse a pueblo la decisión sobre quiénes llegan a la Corte, resultarán quienes tengan mayor popularidad o facilidad para desenvolverse ante los medios, lo que, de nuevo, no es garantía de mejora en la función sustantiva del Poder Judicial, que es impartir justicia.

En cuanto al perfil particular que mencionó la ministra Ortiz Ahlf -y sobre el cual también había opinado en el mismo sentido el ex ministro Arturo Zaldívar -se trata de contar con carrera judicial; un servicio que tanto en el ámbito federal como en los estados se ha ido profesionalizando paulatinamente. Posiblemente se tendría una mayor seguridad en cuanto al desempeño de quienes resulten electos si las candidaturas surgen entre quienes se desempeñen como secretarios auxiliares, jueces instructores y quienes hayan tenido la responsabilidad de operar un juzgado, aunque esto implica también quitarle facultades al Ejecutivo, que hasta ahora es quien manda ternas a los congresos.

Y aún queda pendiente de mencionar si las candidaturas a jueces, magistrados y ministros estarán a cargo de los partidos, porque entonces esto implicará campañas electorales y mayor gasto en ese rubro, aparte de que también el Instituto Nacional Electoral podría imponerles criterios de representación, lo que inmediatamente hace de menos la trayectoria en impartición de justicia.

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Edición: Estefanía Cardeña