El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este miércoles una serie de estadísticas, derivadas a su vez de encuestas nacionales periódicas como la de Calidad e Impacto Gubernamental, la de Población Privada de la Libertad, la de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y los censos nacionales de Gobierno Federal y de Gobiernos estatales; esto en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este 9 de diciembre.
No es la primera vez que el Inegi presenta datos sobre este tema. Lo hace anualmente. Los resultados de 2021 reflejaron que 57.1 por ciento de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, apenas por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, la prevalencia de corrupción fue de 14.7 por ciento de la población de 18 años y mayor. La compilación arrojó el año pasado que el costo de la corrupción fue de 3 mil 44 pesos por persona, mientras que para las empresas fue de 7 mil 419 pesos en 2020.
En esta ocasión, el organismo complementa las cifras de 2021 con datos sobre personas en situación de cárcel que fueron víctimas de actos de corrupción, así como de percepción de corrupción en las escuelas. Por supuesto que encontramos una mayor incidencia en las primeras, que están asociadas también a la fuerza pública, donde los policías son los funcionarios públicos vistos como los más corruptos.
En cuanto a las escuelas de nivel básico, es importante cuestionarnos como sociedad qué acto de corrupción podría cometerse en ellas, pero es donde podríamos llevarnos mayores sorpresas: desde el regalo de una fruta para el profesor, hasta el ruego por unas cuantas décimas de punto en las calificaciones, ahí tenemos semillas de corrupción que se comparten en la comunidad escolar y terminan por normalizarse.
Igualmente resulta “normal” que partidos políticos, ministerios públicos y órganos del Poder Legislativo sean percibidos como corruptos. Si hablamos de partidos y legisladores, la percepción es mundial; difícilmente encontraremos un país en el cual la población no crea que quienes integran sus congresos o parlamentos son personas íntegras.
En lo que toca a los ministerios públicos, la percepción se relaciona directamente con el índice de impunidad en los delitos. Una vez que la persona afectada medita que para interponer una denuncia deberá adjuntar a la documentación unos cuantos billetes, o que será revictimizada, se pierde toda intención de perseguir a los delincuentes del orden común, ya no digamos a los del orden federal.
Llama la atención que figuren en la lista la Guardia Nacional, con 44.6 y el Ejército y Marina como instituciones consideradas corruptas, con 44.6 y 37.3 por ciento, respectivamente. Todavía a inicios de este sexenio, los segundos se encontraban entre los más confiables, mientras que la Guardia se formó precisamente para detener la corrupción que imperaba en la Policía Federal. Esta es una percepción que debiera preocupar en serio porque también son instituciones que han tomado un papel protagónico en estos últimos cinco años. Es cierto que lo que se observa todos los días está sujeto al escrutinio público, pero cuando se trata de instituciones de seguridad, normalizar la idea de que en ellas impera la corrupción conduce a un Estado fallido.
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