Gracias a una operación de búsqueda en la que participaron el gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ayer fueron localizados y rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre. El grupo, integrado mayoritariamente por venezolanos pero en el que también había hondureños, fue plagiado por hombres armados y encapuchados en el kilómetro 6 de la autopista Reynosa-Matamoros cuando se desplazaba hacia la frontera.
Cabe congratularse por esta coordinación entre las autoridades estatales y federales para dar con el paradero de las personas en tránsito y liberarlas en menos de cuatro días. Este desenlace es un alivio para los familiares y otros seres queridos de los secuestrados, pero también para la sociedad entera, que obtiene así una prueba de que en la colaboración entre diversas dependencias federales y estatales está en buena medida la clave de la capacidad para salvaguardar la vida de quienes se encuentran en el país, sin importar su condición migratoria. Asimismo, la ciudadanía puede contrastar el despliegue de recursos materiales y humanos que permitió la localización de los secuestrados con la indolencia imperante durante los sexenios anteriores, cuando las personas sustraídas sólo aparecían muertas, o bien, después de que sus familias entregaran grandes sumas de dinero a los delincuentes.
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Este final fue posible también gracias a que en Tamaulipas terminó la sórdida época de Francisco García Cabeza de Vaca, en cuyo sexenio se multiplicaron todas las violencias, la ausencia del estado de derecho, la fusión entre crimen y las autoridades, la inseguridad generalizada y la pérdida de la paz social. Ciertamente la entidad tiene muchos desafíos por delante para devolver a sus habitantes niveles aceptables de seguridad, pero resulta innegable que la salida del poder de la mafia que controlaba Tamaulipas ha permitido avances sustanciales para recuperar la seguridad en el estado.
La rápida movilización que permitió este rescate no es un hecho aislado. Basta recordar que en abril de 2023 el Ejército y la Guardia Nacional colaboraron con corporaciones policiacas de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas a fin de liberar a 35 personas provenientes de El Salvador, Honduras y Venezuela, quienes fueron secuestradas en Matehuala. El cambio de paradigma en que la defensa de la ley y el humanismo remplazan al abandono y la complicidad debe completarse con una ampliación de las capacidades de inteligencia y de investigación de las fuerzas de seguridad, pues queda claro que no basta con localizar a los secuestrados, sino que este delito tan doloroso para las víctimas ha de prevenirse y erradicarse.
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