Sobre un régimen de pensiones justas

Desde el inicio de semana, la agenda de temas de la Presidencia ha tenido en el centro el propósito de una contrarreforma en materia de pensiones y jubilaciones, con el fin de revertir la que en su momento impulsó Ernesto Zedillo, en los últimos años del pasado milenio.

Como hemos mencionado en este diario, los efectos de la reforma de Zedillo apenas comienzan a verse, pues desde 2022 quedaron en posibilidad de jubilarse quienes alcanzaron 775 semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este número de semanas ha ido aumentando y llegará a las mil en 2031, de manera que hoy en día, quienes tienen derecho al retiro son quienes han realizado aportaciones durante 825 semanas, según la Ley del IMSS de 1997. Esto además de tener de 60 a 64 años para una pensión por cesantía, o los 65 para acceder a la pensión por vejez.

Independientemente de los requisitos que plantea la ley, el trabajador debe adquirir, con los recursos de su cuenta, un seguro de sobrevivencia, si es que quiere/puede que sus beneficiarios reciban su pensión en caso de fenecer, y el monto de la pensión depende de la cantidad que logre acumular en su cuenta Afore.

Cuando se promovió el cambio en la Ley del IMSS para pasar al actual régimen de pensiones, centrado en las cuentas individualizadas a través de administradoras de fondos para el retiro (Afores), el argumento principal fue que los trabajadores obtendrían un mayor monto al momento de jubilarse, ya que periódicamente tendrían información sobre cuánto dinero irían acumulando, además de poder realizar aportaciones voluntarias a su cuenta. Sin embargo, ni el número de empleos formales creció de manera que las Afores redujeran las comisiones que cobran por manejo de cuenta, ni los salarios aumentaron como para que la generalidad de los trabajadores se encontrara en posibilidad de destinar un porcentaje de su ingreso al ahorro.

El resultado está a la vista: al momento de jubilarse, un trabajador no recibe la misma cantidad de dinero que cuando se encontraba en activo. Después de 25 años se comprueba que las aportaciones patronales y del gobierno resultan insuficientes para garantizar un ingreso digno a quienes ya dedicaron sus años de mayor capacidad productiva a crear riqueza, y que enfrentará el declive de su salud con menos recursos económicos.

Desde hace varias décadas, el tema de las jubilaciones y pensiones se considera un problema para las finanzas públicas. El neoliberalismo optó por dejar a cada trabajador a su suerte, sin garantizarle salarios justos ni poner frenos a la voracidad de las Afores, que no dejan de ser prestadoras de servicios financieros que obtienen una cantidad de dinero de cada cuenta individual.

La oposición ha tomado como discurso que el presidente López Obrador pretende arrebatar las cuentas de las Afores, pero tampoco se anima a reconocer la injusticia que es dejar a los trabajadores sin recursos suficientes para garantizarles un retiro digno y que éste es un derecho adquirido después de cumplir con una vida laboral cuando se encuentra al máximo de su capacidad productiva.

Entonces, una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones tiene que pasar por asegurar el derecho a una vida digna al momento de llegar a la edad de retiro. Esto con independencia de que se alcance también la edad para recibir una pensión garantizada por la Constitución. En justicia, el monto destinado por el Estado a los adultos mayores debiera considerarse un ingreso complementario, y en tal caso, la renovación del sistema no puede implicar el retorno a lo que se tenía previo a la reforma de Zedillo, que tampoco ofrecía una mejor perspectiva para la supervivencia.

El discurso de la Cuarta Transformación tiene entre sus postulados que la grandeza de México tiene uno de sus principales pilares en sus adultos mayores, quienes precisamente han alcanzado la edad del retiro de la vida laboral. Entonces, es necesario pasar del dicho al hecho y que este reconocimiento no se quede en palabras que de tanto repetirse terminan por perder significado. El mejor reconocimiento es precisamente que a ningún adulto mayor le haga falta el recurso económico para por lo menos mantener la calidad de vida que alcanzó durante su vida laboral; que la vejez deje de ser una preocupación para las familias,y que tener a los abuelos en casa deje de ser motivo de división entre los hijos. Una nueva sociedad pasa por crear condiciones para que los adultos mayores dejen de ser vulnerables en todos los sentidos.

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Edición: Fernando Sierra